Así lo recordó hoy el director general de la DGT, Pere Navarro, en un encuentro informativo con periodistas en Madrid para explicar el proyecto de ley que modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Ésta será una de las principales novedades de la reforma del procedimiento sancionador de tráfico, que se encuentra ahora en el Congreso de los Diputados y que, según vaticinó Navarro, estará lista el próximo verano, aunque entrará en vigor seis meses después.

Además, los talleres que instalen anti-radar en los vehículos podrán ser sancionados con 30.000 euros de multa. De esta forma, y según explicó en el encuentro informativo el subdirector general de Normativa y Recursos de la DGT, Ramón Ledesma, se considerará "ilegal cualquier diálogo técnico con el radar".

El proyecto de ley fija las cuantías de las multas en cantidades exactas de 100 euros para las infracciones leves (ahora es de hasta 90 euros), 200 euros para las graves (ahora, de 91 a 300) y 500 euros para las muy graves (de 301 a 600), y habrá un descuento del 40% para los conductores que liquiden la sanción en menos de 15 días.

Navarro señaló que, con la reforma del procedimiento sancionador, se culmina un proceso de cambios en la seguridad vial iniciado con más información del tráfico en las carreteras, la puesta en marcha del permiso por puntos y la reforma del Código Penal.

El director general de la DGT aseguró que la nueva reforma "es necesaria y supone un esfuerzo de modernización", además de que con ella, a su modo de ver, "ganan todos, tanto los ciudadanos como la Administración".

Navarro añadió que con la reforma se pretende que los conductores que cometan infracciones sean sancionados y evitar que siga habiendo un 30% de "pillos e insolidarios" que no pagan las multas.

"Hay que poner al día el procedimiento sancionador porque ahora es complejo y en el mejor de los casos un proceso tarda unos cinco meses", concluyó, antes de recalcar que en la reforma han participado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Servicio Catalán de Tráfico, la Dirección de Tráfico del País Vasco y los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona.