El magistrado ha archivado la denuncia presentada por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) al concluir, siguiendo las tesis de la Fiscalía, que los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional. Velasco entiende que no se trata de un delito cometido en el extranjero contra españoles, que sí sería competencia de su órgano jurídico.

Al contrario, y según se recoge en un auto dictado el 26 de marzo y al que ha tenido acceso Servimedia, el juez cree que de haberse cometido un delito, este se habría producido en España, donde la leche fue procesada y, por lo tanto, donde se habría manipulado su etiquetaje para ocultar que había caducado.

Los hechos denunciados se remontan a abril de 2009, cuando un sargento de la base española de Qala-i-Nao, en el noroeste de Afganistán, descubrió que en algunos botes de leche condensada del almacén se había cambiado la etiqueta que indica la fecha de caducidad del producto. Los militares descubrieron más de 30 latas manipuladas.

INVESTIGACIÓN MILITAR

El departamento de Carme Chacón decidió abrir una investigación interna al tener conocimiento del envío de productos presuntamente caducados a los militares desplegados en el país asiático. Las primeras pesquisas apuntaron a Tecnoucal, una unión temporal de empresas constituida en 2006 por Tecnove y Ucalsa y que se encarga del suministro de alimentos a las bases españolas en Afganistán, Líbano y Bosnia.

Tras conocerse la noticia, Tecnoucal desmintió "rotundamente" haber suministrado "ningún producto alimenticio, en concreto leche condensada, que no haya tenido los controles de inspección, administrativos y sanitarios del Ejército español". Un representante de esta empresa reiteró a Servimedia estos mismos argumentos.

El juez Velasco señala además en su auto que la ley también atribuye a la Audiencia Nacional la competencia para investigar “los fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales” pero sólo cuando estos sean cometidos “por bandas o grupos organizados”, un requisito que, según el magistrado, tampoco se da en el presente caso.

En base a estos argumentos, el juez indica que serían competentes para investigar los hechos denunciados los juzgados ordinarios del lugar donde se procesó el producto y se envió a Afganistán. La decisión del magistrado puede ser recurrida en apelación.

El Juzgado Togado Militar número 11 ya investiga los hechos, en concreto si se cometió un delito contra la salud pública, castigado hasta con dos años de cárcel, después de que el Ministerio de Defensa decidiera llevar el asunto a los tribunales.

RONDA DE DECLARACIONES

En la denuncia presentada por AUME se pedía al juez Velasco que interrogase en calidad de imputados al representante legal de la empresa Tecnoucal y al personal responsable de esta entidad en las bases de Herat y de Qala-i-Nao.

La asociación solicitaba además que el magistrado tomase declaración como testigos al sargento que identificó los alimentos con la fecha de caducidad alterada, al coronel jefe de la base que ordenó realizar una investigación interna tras el hallazgo así como a los miembros de la Guardia Civil que participaron en la elaboración del atestado.

Para AUME, los hechos podrían ser constitutivos de un delito tipificado en el artículo 363 del Código Penal, que castiga con penas de uno a cuatro años de prisión a “los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición”.