En concreto, según explicaron ambos sindicatos en un acto celebrado hoy ante el Congreso de los Diputados, esta prestación estaría dirigida “a todas las personas que en nuestro país no perciben ningún tipo de renta o las rentas que ingresan en sus hogares les sitúan por debajo del umbral de la pobreza”.

Toxo recordó las cifras recogidas en la última Encuesta de Población Activa (EPA) en la que se muestra que más de dos millones de hogares no tienen ingresos o se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, mientras que el 22% de la población “se sitúa en riesgo de exclusión”.

Así, consideró que establecer esta prestación “es una cuestión de democracia y de solidaridad que la sociedad española puede y debe permitir” y manifestó su deseo de que esta iniciativa “tenga la misma consideración que el día en el que vinimos a pedir la autorización para ponerla en marcha y en el que todos los partidos políticos salieron a recibirnos”.

UN DERECHO

Por su parte, Álvarez afirmó que una renta mínima garantizada “es un derecho de la ciudadanía que queremos que no esté ligado a una situación de crisis” para todas aquellas personas que no tengan ingresos suficientes para cubrir sus necesidades.

En concreto, recalcó que “universal” significa “que no esté sujeto a los Presupuestos Generales del Estado, desde el punto de vista de que sea una prestación cerrada”, sino que tiene que atender a todas las demandas que se puedan presentar por parte de los ciudadanos, y que sea “compatible” con las actuaciones de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.