El principal responsable de la supuesta red es propietario de varios negocios de hostelería en los que se dedicaba a la distribución de la mercancía ilegal que adquiría.

Para que la actividad de abastecimiento no supusiera un delito, y sí una infracción administrativa, sus proveedores le llevaban cargamentos limitados de cajas desde distintos puntos de la geografía española.

Las cajas eran distribuidas en estos negocios y desde ellos, repartidas entre personas que tenían bares o estancos en la provincia. A algunos de los establecimientos donde se distribuía el tabaco ilegal acudían clientes que posteriormente se dedicaban a revender el tabaco en mercadillos de la zona.

La operación se ha saldado con ocho personas detenidas por delitos contra la salud pública y contrabando y con siete registros: en una empresa, en cuatro inmuebles y en el domicilio particular de los principales investigados. Además, han sido intervenidas 6.000 cajetillas de tabaco, 45.000 euros en efectivo, cinco vehículos de alta gama y diversa documentación y material informático.