Todos ellos seguirán teniendo la condición de investigados, o imputados según la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), en esta pieza separada.

El instructor considera “prematura” la petición de sobreseimiento a la que, además, se había opuesto el fiscal. El juez recuerda que la instrucción no está concluida y que faltan diligencias por practicar.

En su auto comunicado este lunes, el magistrado considera conveniente esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana respecto a los aforados Rita Barbera, exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, y Miguel Domínguez, exconcejal y diputado autonómico, para evitar pronunciamientos contradictorios.

La resolución del instructor no es firme y puede ser recurrida en reforma, ante el propio juzgado, o en apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia. En esta pieza separada hay 47 personas imputadas. El PP lo está como persona jurídica.

En esta pieza se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas en vísperas de las elecciones municipales de 2015 por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

Hasta el momento, el `caso Imelsa´ se estructura en una pieza principal, en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana, entre las que se encuentran la Diputación, el Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno autónomo, y en dos piezas separadas: la del blanqueo en el Consistorio valenciano y la de las contrataciones irregulares en Imelsa con 28 imputados.

En total, en esta causa hay 115 investigados entre personas físicas y jurídicas por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.