En un comunicado, Hacienda explicó que la Abogado General de la UE ha presentado ante el Tribunal de Justicia comunitario sus conclusiones ante una cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Murcia, que tenía dudas sobre si la renuncia a los intereses de demora que establece el citado mecanismo era compatible con las directivas comunitarias que incluyen medidas contra la morosidad en operaciones comerciales.

En estas conclusiones, destacó el Ministerio, la Abogado General, en línea con lo defendido en el procedimiento por el Reino de España, propone al Tribunal de Justicia de la UE que responda al Juzgado de Murcia que lo que establece por el Plan de Pago a Proveedores del Gobierno de España no se opone a la directiva.

El departamento de Cristóbal Montoro recordó que el Plan de Pago a Proveedores se puso en marcha en 2012 para “beneficiar” a las empresas proveedoras de servicios y suministros de ayuntamientos y comunidades autónomas que tenían miles de facturas pendientes de cobro, y “dio solución a un problema de morosidad que no se había atajado, ni a nivel nacional, ni tampoco en el ámbito de la Unión Europea”.

En aquel año, defendió Hacienda, “la mayoría de las entidades territoriales no tenían acceso al mercado para financiarse, por lo que existía una situación crítica no sólo para las finanzas públicas de comunidades y ayuntamientos, sino para la supervivencia de miles de pequeñas y medianas empresas y autónomos, víctimas de la morosidad”.

El Ministerio apuntó, además, que “los proveedores se han mostrado satisfechos con las medidas adoptadas y, de hecho, las principales asociaciones empresariales afectadas han remitido cartas a la Comisión expresando su plena satisfacción con los resultados del Plan de Pago a Proveedores”.