Ambas habían solicitado el reingreso una vez cesaron en su cargo de diputadas del PSOE y de Podemos, respectivamente, tras la disolución de las Cortes Generales, en cumplimiento del artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las dos magistradas disponen de 20 días hábiles, a contar desde el pasado 4 de mayo, para tomar posesión de sus plazas como titulares del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Vigo (Galovart) y del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas (Rosell).

Rosell presentó el pasado lunes ante el registro del CGPJ el escrito en el que solicitaba la anulación de su excedencia en la carrera judicial y su reincorporación inmediata como magistrada, lo que, sobre el papel, supondría su vuelta como titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

La jueza solicitó una excedencia cuando decidió concurrir a las elecciones del pasado 20 de diciembre en las listas de Podemos por Las Palmas. Una vez perdida la condición de diputada, con la disolución de las Cortes para los comicios del 26-J, Rosell contaba con un plazo de diez días para tramitar su reingreso en la carrera judicial y recuperar su plaza en el futuro.

Ahora bien, según fuentes de Podemos esta solicitud de su exdiputada no pasaría de ser un mero trámite, porque la jueza volverá a figurar en su candidatura por la provincia de Las Palmas en las elecciones del mes próximo. De no hacerlo así, Rosell podría perder su derecho a volver a ocupar su plaza en el juzgado.

COHECHO Y PREVARICACIÓN

En este momento, esa plaza la ocupa Carla Vallejo, en sustitución del juez Salvador Alba, que se encargó provisionalmente de cubrir la vacante tras la solicitud de excedencia solicitada por Rosell en octubre de 2015.

Alba fue el juez responsable del informe, enviado al Supremo, que cuestiona la actuación de la jueza y exdiputada de Podemos en un proceso que afectaba a su pareja sentimental.

Esto ha dado lugar a que el Alto Tribunal esté realizando una investigación sobre esos hechos contra la exdiputada de la formación morada por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso. El Supremo abrió el proceso en contra del criterio de la Fiscalía, que no encontró indicios para investigar a Rosell.

Este jueves el CGPJ ha decidido también investigar si Alba incurrió en algún delito tras hacerse públicas varias conversaciones con el empresario investigado en las que habría intentado pactar una declaración inculpatoria para Victoria Rosell.

La jueza había presentado el pasado 27 de abril su renuncia a formar parte de la Diputación Permanente del Congreso, decisión que tomó después de que el Supremo admitiera a trámite la querella que interpuso contra ella el exministro de Industria José Manuel Soria.