Este informe es preceptivo antes de que el alto tribunal tome una decisión sobre la actuación de la juez y, en su caso, acuerde si abre una causa penal contra Rosell.

Esta causa tiene su origen en una querella del exministro de Industria José Manuel Soria, que acusaba de retardo malicioso, prevaricación y cohecho a la jueza Rosell. La Fiscalía se pronunció a favor del archivo, pero el Supremo decidió recabar más datos para decidir sobre su admisión a trámite. Entre la documentación que ha reclamado está el informe de su sucesor, al que tuvo acceso Servimedia.

El informe indica que la investigación objeto de análisis tenía que ver con la actividad empresarial de Miguel Ángel Ramírez al frente de Seguridad Integral Canaria SL. Este empresario y dueño de la Unión Deportiva Las Palmas, mantenía relaciones “comerciales continuadas” con la pareja sentimental de Rosell, que se hizo cargo de esta investigación por delitos fiscales y contra la Seguridad Social a principios de 2014.

Según explica el juez, la citada causa no reviste “especial complejidad”, puesto que versaba sobre la información contable y fiscal de la empresa Seguridad Integral Canaria SL que, según las tesis de la Fiscalía, habría declarado las horas extraordinarias trabajadas por sus vigilantes de seguridad como dietas, “disfrutando con ello de una exención por las mismas”.

Para investigar el asunto, la juez contaba con el auxilio judicial de un Inspector de la Agencia Tributaria, sus análisis, la realización de una pericia contable , y la toma de declaración a cientos de trabajadores sobre su situación en la empresa.

PARÁLISIS

El juez Alba insiste en que es “llamativo” el “retraso” en la instrucción de esta causa y “sorprende” cuando se tiene en cuenta que este juzgado contaba con un juez de refuerzo. Destaca que la instrucción se inicia con “normalidad” y “se paraliza” a partir de abril de 2014

Asimismo, subraya que sólo vuelven a retomarse las diligencias cuando la Fiscalía inició un proceso de investigación sobre las causas de la parálisis de la instrucción. Además, explica que la juez Rosell no había incurrido en retrasos en otras causas a su cargo y que ésta era la única con este nivel de retraso.

Tras un prolijo análisis de la cronología de este caso, el juez Alba asegura que “NO (en mayúsculas en el informe) ha habido ninguna incidencia que explique la falta de impulso procesal, de prácticas de diligencias de instrucción durante más de un año”.

El sustituto de Rosell explica, entre otras circunstancias, que la juez tardó un año en resolver un recurso de la Fiscalía, que no atendió siete peticiones para que se impusieran fianzas a los investigados y que no trasladó a las partes información relevante como la llegada por vía anónima de un 'pen drive' con información del caso.