Así lo creen al menos los grupos parlamentarios Socialista y Vasco, que defendieron sendas proposiciones no de ley en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, donde sus iniciativas se debatieron conjuntamente y obtuvieron el respaldo de 28 diputados y el rechazo de 15, todos del PP.

En su intervención, el diputado socialista Jesús María Fernández, aseguró que el decreto “es un atentado al ejercicio de la profesión de enfermería y el colofón de una gestión desastrosa” por parte del Ejecutivo del Partido Popular. Es una norma “rechazable en su contenido” y ha generado más desasosiego que beneficios, ya que ha introducido “inseguridad jurídica” y ha logrado el rechazo generalizado de la profesión, prosiguió.

Fernández reconoció que la derogación no tendrá efectos prácticos por el hecho de que el Gobierno esté en funciones y desde esta perspectiva hizo un llamamiento para “unir fuerzas” y acordar “lo mucho” que une.

Por su parte, Pilar Ardanza, del Grupo Vasco, coincidió en señalar que lo único que ha conseguido este decreto es sembrar malestar entre los profesionales de enfermería, además de invadir competencias autonómicas.

Afirmó que se ha perdido una gran oportunidad para mejorar la sanidad pública española, algo en lo que de una forma u otra estuvieron de acuerdo todos los grupos parlamentarios, excepto el Popular, que respaldaron las iniciativas.

Así, por ejemplo, Francisco Igea, de Ciudadanos, aseguró que es evidente “cuán alejado está el decreto” de la realidad de la práctica enfermera y agregó que “una mala ley no debe arreglarse con un mal decreto”.

En cuanto a la invasión de competencias de la que habló el Grupo Vasco, encontró el respaldo del Grupo Catalán, quien por boca de su diputada Elena Ribera señaló que el decreto “se extralimita mucho en sus objetivos”.

En concreto, la proposición no de ley defendida por los socialistas insta al Gobierno “a derogar, de manera inmediata, el Real Decreto954/2015, de 23 de octubre y a iniciar, en coordinación con las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias y mediante el diálogo con las organizaciones profesionales y sindicales, los trabajos necesarios para aprobar una norma que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de los profesionales de enfermería”.

Por su parte, la del Grupo Vasco reza lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, e inicie, en coordinación con las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, y mediante el diálogo y consenso con los profesionales e instituciones los trabajos necesarios para redactauna Ley que regule la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de los profesionales de enfermería”.

EL DECRETO

El decreto que regula el uso y autorización de medicamentos y productos sanitarios por parte de la enfermería se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 23 de diciembre de 2015 y entró en vigor al día siguiente, Nochebuena.

Establece que los enfermeros podrán indicar, usar y autorizar medicamentos no sujetos a prescripción de forma autónoma, pero añade que si los fármacos sí están sujetos a prescripción, habrán de hacerlo mediante la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica elaborados con participación de médicos y enfermeros, algo que estos últimos rechazan.

En concreto, el decreto señala en su artículo 3 que “los enfermeros “podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, mediante la correspondiente orden de dispensación”.

La enfermería española reprocha al Gobierno que haya modificado la norma acordada en un principio con las comunidades autónomas y argumenta que las modificaciones introducidas en el texto legal son “radicalmente contrarias al normal funcionamiento de la sanidad”.

Por este motivo, tanto los colegios de enfermeros, como el sindicato Satse y algunas comunidades autónomas han llevado la norma ante la justicia y confían en que termine derogándose.