La iniciativa apuesta por prohibir los desahucios cuando no exista alternativa habitacional y que los bancos cedan viviendas vacías para personas en situación de vulnerabilidad. PSOE, ERC, Bildu, Compromís y Nueva Canarias la apoyaron, aunque con matices.

La proposición de ley persigue “aplicar” el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El diputado de Podemos Rafael Mayoral, que defendió la iniciativa desde la tribuna de oradores, señaló que se trata de un “primer paso muy pequeño” pero “necesario” para que este artículo, que defiende garantizar un “nivel de vida adecuado” para cualquier persona, sea una realidad en España.

En concreto, la propuesta establece la prohibición de desalojos de vivienda cuando no exista alternativa habitacional, así como que los “grandes tenedores de vivienda” estén obligados a contribuir para que las administraciones públicas puedan proveer de un techo a colectivos en situación de vulnerabilidad.

También recoge que las mujeres víctimas de violencia machista tengan garantizado el acceso a una vivienda pública cuando se encuentren en situación de precariedad, así como que el Estado pueda llegar a cubrir el 100% de los importes de las facturas de gas y luz de hogares en “grado máximo de vulnerabilidad” o ayudar en una parte quienes puedan necesitarlo.

El diputado de Ciudadanos Pablo Yañez anunció que su grupo se abstendrá en la votación, ya que “choca contra la propiedad privada” y genera “frustración social”. Además, echó en falta una “memoria económica” para cuantificar el coste de la implantación de estas medidas, al tiempo que criticó que no se especifique quiénes son los “grandes tenedores de vivienda”.

Por su parte, la diputada del Partido Popular María Eugenia Romero criticó la “pésima técnica legislativa” de la iniciativa, ya que a su juicio la propuesta “deja vacíos normativos” y no presenta una estimación de coste, por lo que se opuso a ella.

Podemos sí contó con el apoyo del PSOE, si bien la diputada socialista Isabel Rodríguez indicó que “falta un Gobierno” que ejecute las medidas recogidas por la formación morada. Para los socialistas, la proposición adolece de “ausencias” y subrayó que “si el día 2 de mayo se convocan elecciones esta ley queda anulada”.

Por el PNV, Mikel Legarda anunció la abstención de su grupo y criticó la “invasión” de competencias autonómicas de la norma, al tiempo que reclamó mayor “autogobierno”. En esta misma línea se pronunció Democràcia y Llibertat, ya que la diputada Miriam Nogueiras señaló que se está “prohibiendo que Cataluña se ayude a sí misma”.

ERC sí apoyó la iniciativa, pese a que el diputado Joan Tardà la calificó de “chapuza” por “desconocer las competencias de las autonomías”, algo que espera que sea “corregido” duante su tramitación parlamentaria.