Según informa la CNMC en una nota, el informe demanda que “se elimine la exigencia indirecta de colegiación obligatoria para ejercer la profesión”, y subraya que “el acceso a una profesión y su ejercicio solo puede limitarse con carácter excepcional y basado en los principios de necesidad y proporcionalidad por una norma con rango de ley”.

En este sentido, la comisión hace hincapié en que “esta situación no se da en el caso de los administradores de fincas”.

Por otra parte, la CNMC considera “injustificado” que para acceder a esta profesión se exija como requisito un título oficial universitario de grado en cuyo plan de estudios se incluyan conocimientos directamente relacionados con la administración de fincas.

Para este organismo, esta medida supone una “restricción no justificada en su necesidad y proporcionalidad y supone limitar la actividad a un número injustificadamente reducido de operadores”.

En cuanto a la actividad de peritaje, incluida en los estatutos, la CNMC recomienda evitar plantear la reserva de la actividad de pericia exclusivamente a los colegiados y que se puedan incluir otros profesionales habilitados para hacerlo, “ya que no existe amparo legal para ello”.

Por otro lado, la comisión señala en el documento con carácter general que es “imprescindible” evitar que en los futuros estatutos profesionales se incluyan restricciones injustificadas tanto al acceso como al ejercicio de la actividad.

En opinión de la CNMC, estas restricciones “reducen la oferta de servicios, limitan los incentivos de los profesionales a prestar servicios innovadores y de mayor calidad, incrementan los precios y facilitan la aparición de prácticas anticompetitivas que perjudican la competencia y el interés general”.