La implantación de esta medida va a afectar aproximadamente a 38.000 préstamos, con un ahorro anual para los beneficiarios de alrededor de 200 millones de euros. El Ministerio de Medio Ambiente compensará a las entidades financieras por cada carencia extraordinaria concedida, lo que va a suponer un coste aproximado de 21 millones de euros, repartido entre los ejercicios de 2010 y 2011.

Las entidades con las que se han suscrito estas primeras addendas han sido la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), El Banco Cooperativo, el Grupo BBVA, el Grupo Banco Popular, el Banco de Santander, Banesto y el Banco Gallego.

La principal medida acordada ha sido el establecimiento de una carencia extraordinaria, de hasta dos años, a los agricultores beneficiarios de los préstamos. Para poder aplicar esta carencia, ha sido necesario realizar una serie de modificaciones a los convenios vigentes con las entidades financieras, que afectan al mecanismo de amortización posterior a la carencia, al tipo de interés aplicable y a los procedimientos de gestión de estas actuaciones.

Asimismo, en las addendas a los convenios de colaboración se han establecido dos procedimientos para la amortización de la carencia extraordinaria, como son el incremento de uno a dos años en el plazo de amortización del préstamo y el reparto uniforme del importe de las anualidades no abonadas entre las que resten por pagar, hasta la finalización del plazo de amortización del préstamo.