En el Informe Anual 2015, presentado este jueves por la defensora, Soledad Becerril, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, se señala, concretamente, que “siguen siendo frecuentes las reclamaciones relacionadas con la demora en la tramitación de los procedimientos de valoración inicial o revisión de la situación de discapacidad”.

Relacionado también con el certificado de discapacidad, la oficina del Defensor del Pueblo pone de manifiesto que el instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) no ha avanzado en la agilización de la modificación de este documento, para adecuarlo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud.

En concreto, el informe indica que ya en el del año pasado se dejaba constancia de la recomendación formulada al Imserso sobre la agilización de los trabajos de modificación del baremo de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad para adecuarlo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF/OMS-2001), “respecto de la que no se han registrado avances”.

La última memoria del Defensor evidencia también que el año pasado se registraron situaciones de discriminación hacia ciudadanos con discapacidad como la denegación de alojamiento a un grupo de personas con discapacidad intelectual en dos hoteles de un mismo grupo empresarial, situados en Andalucía y la Comunidad Valenciana.

O la negativa a que una persona con discapacidad que utiliza silla de ruedas accediera al interior de un bien de interés cultural situado en Galicia, durante una visita turística.

“En estas y otras actuaciones semejantes”, indica la oficina dirigida por Becerril, “se pone de manifiesto las dificultades existentes para objetivar en términos jurídicos —y especialmente jurídico-penales o sancionatorios— la mayor parte de las situaciones de discriminación”.

Otras consideraciones relacionadas con las personas con discapacidad que hace el informe pasan por la recomendación de actualizar la guía de estilo para profesionales de los medios de comunicación, de 2006, que incluye medidas para la lucha contra los estereotipos.

“Dado el tiempo transcurrido y la entrada en vigor de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de comunicación audiovisual, que contempla unos requisitos para que el tratamiento de la imagen que se transmite de las personas con discapacidad sea ajustada, normalizada, respetuosa e inclusiva, se ha solicitado la actualización de la Guía para profesionales de los medios de comunicación del año 2006”, indica el informe.