Esta condición figura en el acuerdo alcanzado por PSOE y Ciudadanos, en el que ambos expresan "su permanente e inequívoco compromiso compartido con la unidad e integridad de España y la defensa del orden constitucional" así como su voluntad de promover una reforma de la Carta Magna con una serie de puntos.

Los dos partidos se comprometen a promover, en el primer mes de ejercicio del nuevo Gobierno, una reforma urgente de la Constitución para suprimir el aforamiento de diputados, senadores y parlamentarios autonómicos; reducir a 250.000 las firmas exigidas para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP); limitar a ocho años consecutivos el mandato del presidente del Gobierno; suprimir las diputaciones provinciales de régimen común y crear Consejos Provinciales de Alcaldes para la prestación de servicios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, y reducir a diez los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En ese sentido, el acuerdo propone esa reducción de vocales del CGPJ pero no especifica que se cambie su forma de elección. El artículo 122.3 de la Constitución, al que se remite el acuerdo, establece que ese órgano está integrado por presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos establecidos por ley; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

En cuanto al procedimiento, se comprometen a crear, en el plazo de un mes, una subcomisión que tendría seis meses para recibir audiencias y acordar "el perímetro" de la reforma, en el que figurarían una serie de bloques: reconocimiento de nuevos derechos civiles y políticos; reconocimiento como derechos fundamentales de derechos sociales e incorporación de garantías sobre la dotación presupuestaria de los mismos; supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona; revisión de las bases del sistema electoral, con remisión a su concreción a la Loreg; modificación de la composición y funciones del Senado; incorporación del "hecho" Unión Europea al ordenamiento constitucional; revisión del Título VIII y los preceptos conexos para desarrollar el concepto de Estado Federal.

"Al finalizar los trabajos de la subcomisión se procederá al nombramiento de una ponencia constitucional para que pueda iniciar la redacción de un proyecto a inicios de 2017", añade el acuerdo.

PUNTOS CONCRETOS

Entre los puntos que deberá incluir esa reforma de la Constitución, mencionan expresamente reconocer la protección de la salud como derecho fundamental, y reconocer como derechos constitucionales el acceso a la información pública, los derechos digitales, a la igualdad social, a la atención en situaciones de dependencia y a los servicios sociales, a la vivienda y al medio ambiente.

Incluyen la modificación del artículo 135 para establecer la estabilidad social del Estado como criterio que justifica la superación de los límites de déficit y deuda pública y sus implicaciones en la garantía de dotación presupuestaria para los grandes servicios públicos.

También la revisión de las bases del sistema electoral para incrementar la proporcionalidad, desbloquear las listas, facilitar el voto a las personas con discapacidad y posibilitar formas de voto electrónico. Todo ello con la constitución en seis meses de una ponencia para reformar la Loreg en los aspectos que no requieran una modificación previa de la Constitución.

SENADO

En cuanto al Senado, proponen transformarlo en estricta Cámara territorial con una composición máxima de cien miembros con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Senado, entre las que figurarán la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos.

También revisar el Título VIII para "suprimir los preceptos ya obsoletos; incorporar la denominación de las comunidades y ciudades autónomas; garantizar la igualdad de trato de todos los españoles sea cual sea su comunidad de origen o residencia; determinar con precisión las competencias del Estado y de las comunidades y la incidencia en las mismas de los hechos diferenciales reconocidos en la Constitución; establecer los principios del sistema de financiación autonómica; establecer los instrumentos de cooperación; definir el alcance del principio de lealtad constitucional; y determinar el papel y la responsabilidad del Estado y de las comunidades en relación con la pertenencia de España a la Unión Europea.

En coherencia con todo ello, PSOE y Ciudadanos acuerdan "oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España" y precisan que, en el caso de que el Senado, tras la reforma constitucional, no se transforme en la Cámara Territorial pretendida, abogarán por su supresión como cámara de segunda lectura.

Dentro de ese bloque figura también el compromiso de no incorporar a las listas electorales ni proceder al nombramiento de altos cargos de personas con la condición judicial de investigadas a iniciativa de la Fiscalía por delitos relacionados con la corrupción que impliquen enriquecimiento para el afectado. Se comprometen también a cesar a los altos cargos y pedir el acta a los electos que, a partir de la fecha del acuerdo, pasen a esa condición de investigados por delitos relacionados con corrupción.