En un comunicado, recalcó que “esta es una de las consecuencias de la actual legislación vigente en España”, por la que cualquier empresa privada o particular ajeno a la odontología puede abrir una clínica dental. “El único requisito necesario es que un dentista colegiado figure como responsable sanitario del centro, sin responsabilidad ni en el plano económico ni de gestión”.

“Estamos francamente preocupados por las consecuencias que puede tener el caso Vitaldent para pacientes y profesionales”, prosiguió, pues sucesos como éste “son la consecuencia de que prime el interés económico por encima del cuidado de la salud”.

Según el presidente de COEM, Antonio Montero, pacientes y dentistas se ven igualmente afectados por el funcionamiento de estos negocios, donde opina que la ética deontológica está claramente ausente.

Por eso, “trabajamos con ahínco para que se modifique la ley y se establezca un modelo de negocio odontológico que ofrezca mayor protección a pacientes y profesionales”.