En un comunicado, Martín afirma que se trata de “una nueva difamación contra la empresa pública por parte de los lobbies privados para quedarse y aniquilar lo público, un ataque directo al Estado de bienestar y a los derechos sociales”.

Asimismo, advierte de que “lo que está detrás de estas denuncias es el intento de sustitución del servicio público por el privado, de crear distintas categorías de ciudadanos, esto es, de primera y de segunda, en definitiva, que el servicio postal deje de ser accesible y asequible para los ciudadanos de más de 8.000 municipios de toda España”.

Por último, explica que el Servicio Postal Universal (SPU) recogido en la legislación española es más exiguo que el europeo y recibe una financiación muy inferior al resto de operadores postales europeos.

Por ejemplo, Francia, con una extensión geográfica similar a la española, recibe casi tres veces más, Y Bélgica, con un 6% de la extensión, tiene más subvención que el operador postal público español.