En un escueto comunicado, Correos responde así a la apertura de una investigación por parte de Bruselas sobre las ayudas estatales concedidas a la entidad desde 2004.

A este respecto, indica que debido a la complejidad de un proceso como éste, en su inicio, la Comisión contrasta la información que dispone con las partes interesadas, sin prejuzgar absolutamente nada.

La Comisión quiere examinar, en particular, si la financiación pública que España concedió a Correos ha supuesto una compensación excesiva a la empresa por el desempeño de sus obligaciones de servicio público postal, y si otra serie de medidas le han aportado una ventaja indebida, vulnerando las normas sobre ayudas estatales de la UE.

La apertura de un procedimiento de investigación en profundidad ofrece al Estado miembro y a las partes interesadas la oportunidad de presentar sus observaciones sobre las medidas en cuestión.

España encomendó a Correos la prestación del «servicio postal universal», que consiste en prestar servicios postales básicos en todo el país a precios asequibles y con sujeción a determinados requisitos mínimos, por ejemplo el número de entregas semanales.

Bruselas ha recibido dos denuncias en las que se alegaba que Correos se había beneficiado de varias medidas de ayuda estatal ilegales e incompatibles.

Por ello, alberga dudas sobre si se ha compensado en exceso a Correos entre 2004 y 2010 por la prestación del servicio postal universal ya que según su dictamen preliminar, los niveles de rentabilidad alcanzados por Correos con la financiación pública parecen superar el nivel de beneficio razonable autorizado con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE en materia de compensación por la prestación de un servicio público, así como los niveles autorizados por la Comisión en decisiones comparables anteriores relativas a operadores postales.