En concreto, la ONG cree necesario impulsar medidas de urgencia relativas a protección social y educación. Así, pide que en el primer año de legislatura se aumente la inversión en políticas de protección social a la infancia, que alcance el 2% del PIB (frente a la inversión actual del 1,4%), y que la inversión en educación recupere el 7% del PIB que se dedicaba antes de la crisis para evitar discriminaciones.

Según la ONG de infancia, los niños han sido los más afectados por la crisis económica y serán los últimos en beneficiarse de cualquier recuperación “si no se les tiene expresamente en cuenta en el diseño y puesta en marcha de las medidas que se lleven a cabo en la lucha contra la crisis”.

Así, recuerda a los políticos que el 35,8% de los menores de 16 años en España, es decir, uno de cada tres niños, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Entre las familias monoparentales la cifra alcanza a más de la mitad de los niños y en el caso de las familias en las que al menos uno de los progenitores es extranjero, llega al 59,3%. Entre estos, el 9,5% sufre privación material severa.