La proposición fue aprobada con 21 votos a favor y 16 abstenciones (del PP). En su redacción final el PSOE logró eliminar que el requerimiento al Gobierno sea “con carácter de urgencia” (tal y como constaba en el texto original).

En su intervención en la Comisión, el diputado de ER-IU-ICV Francesc Canet afirmó que el retraso de más de dos años que acumula la tramitación de este texto legal supone un “incumplimiento” por parte del Gobierno, debido a la necesidad de regular estas actividades, en particular, las realizadas a través de sistemas interactivos basados en comunicaciones electrónicas (Internet).

En este plazo de tiempo, argumentó Canet, se ha producido un “vacío legal” que ha creado una situación de alarma, especialmente en el ámbito deportivo, ante la “supuesta relación entre el amaño de partidos y su relación con las apuestas deportivas, en el marco de la campaña de la UEFA contra la mayor trama de corrupción del fútbol europeo”.

Esgrimió, asimismo, que la Asociación Española de Apostadores por Internet (Aedapi) reclama desde su nacimiento en 2006 la configuración de una nueva legislación en el territorio del Estado que regule el sector de las apuestas y que aporte la necesaria transparencia y confianza para su desarrollo y consolidación.

Según los datos del diputado catalán, el mercado del juego “on line” en el Estado español podría mover alrededor de 350 millones de euros, la mayoría de los cuales sin regulación, y se prevé que continúe la tendencia creciente (en el último año ha sido de un 17 %), esperando que en 2012 se alcancen los 800 millones. Ello conlleva una clara repercusión en las arcas del Estado.

Por su parte, el diputado socialista Henrick Campos reconoció que este proyecto de ley “debería estar ya aprobado”. De hecho, afirmó que “el Gobierno sí reconoce que en breve es necesario tener esta regulación”. “Es cierto que hay que dar más seguridad jurídica al sector del juego y a los consumidores”, admitió.

Con todo, sostuvo que “ya se trabaja en este sentido en la comisión sectorial del juego”, independientemente de que la ley no haya sido aprobada todavía.

Campos también auguró que el texto legal “estará en breve”, ya que se está trabajando ya en su anteproyecto, y que dicha brevedad es, de hecho, necesaria.

Finalmente, hizo énfasis en la importancia de abrir un debate en el sector del juego y con los consumidores, para “tener una ley que no sólo esté consensuada con los partidos” en el ámbito parlamentario, sino también “con quienes deben cumplirla”, teniendo en cuenta sus aportaciones. “Queremos que haya consenso”, dijo.