Explicó que en los últimos siete u ocho años, se han formalizado cerca de 4.000 contratos, de los que sólo 30 fueron impugnados por las empresas, y de ellos, en sólo cuatro casos hubo irregularidades y se dio la razón a las empresas.

Preguntado por el contrato a la empresa Joca, que supuestamente cobró por un trabajo no realizado, dijo que este asunto fue “judicializado” en Badajoz, sede de la empresa, porque “nos demandaron al pedir tres millones de euros más”, y dijo que “hicimos alegaciones” y el tema se cerró.

También habló de la empresa Hispanagua, cuyo caso está en los tribunales, y dijo que se produjeron despidos y sanciones a tres empleados de esta sociedad dependiente del Canal de Isabel II, por lo sucedido.

“Hicimos una auditoria y llevamos el caso a la Fiscalía”, manifestó.

Explicó que trabaja en el Canal desde 1989 y que desde 2015 es director general, y señaló que la deuda de la sociedad es de unos 1.100 millones de euros.

Por otro lado, también compareció Gerardo Díaz García, exdirector de Hispanagua, quien explicó que fue cesado en octubre de 2015 y que ahora ocupa un puesto sin relevancia en el departamento de dirección financiera de la compañía.

Sobre las irregularidades denunciadas en este caso, en el que él está imputado, dijo que se detectaron “evidencias” de que dos empresas subcontratistas facturaban algunos trabajos sin realizar, en connivencia con dos empleados de la empresa pública.

Dijo que se apartaron esas empresas y se inició un expediente informativo que concluyó con tres despidos y tres sanciones importantes a otros tres empleados.

Sobre su detención e imputación prefirió no hablar al estar abierta una instrucción judicial.