Según informó el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, una delegación encabezada por su presidente, Fernando Santigo, ha viajado esta semana a Bruselas para mantener reuniones estratégicas con eurodiputados y altos funcionarios de la Comisión Europea.

El objetivo es presentar el modelo español de colaboración social administrativa como vía eficaz para reducir la burocracia y situar la figura del gestor administrativo como primera línea de defensa de los ciudadanos y las empresas ante las complejidades del sistema administrativo.

Durante cuatro días, la delegación ha desarrollado una intensa agenda de interlocución institucional con representantes de diversas comisiones parlamentarias y direcciones generales de la Comisión Europea. Entre los encuentros destacados, figuran reuniones con responsables de Transformación Digital, Justicia, y la unidad encargada de desarrollar la futura Business Wallet europea. También se ha dialogado con eurodiputados de distintos grupos políticos, entre ellos Juan Fernando López Aguilar, Isabel Benjumea, Hana Jalloul y Jorge Buxadé, entre otros.

“El modelo del gestor administrativo español es único en Europa, y puede ser una herramienta clave para cumplir el objetivo de simplificación normativa que se ha marcado la Comisión Europea”, señaló el presidente del Consejo General. “Somos una profesión regulada, con una capilaridad extraordinaria, que actúa como mediador entre la Administración y el ciudadano. Nuestra propuesta de Ley de Colaboración Social Administrativa está ya en tramitación en varias comunidades autónomas y cuenta con una ley pionera aprobada por la Generalitat Valenciana”, explicó Santiago.

En este contexto, los gestores administrativos destacan la urgente necesidad de actuar ante la creciente carga normativa que enfrentan las pequeñas y medianas empresas. Según el Informe Draghi, en los últimos cinco años, la Unión Europea ha adoptado aproximadamente 13.000 normas, mientras que, en ese mismo período, Estados Unidos promulgó 3.500 leyes y 2.000 resoluciones. "No es casual que el 55% de las pymes señalen los obstáculos regulatorios y la carga administrativa como su mayor desafío, según un informe de BusinessEurope", explicaron.

Además, se estima que los costes de cumplimiento fiscal para las pymes pueden alcanzar aproximadamente el 30% de los impuestos pagados, frente al 2% que representan para las grandes multinacionales, según un informe sobre el impacto de las reformas fiscales nacionales en la economía de la Unión.

Además de poner en valor la experiencia de los gestores en la tramitación eficaz de procedimientos administrativos, la delegación ha destacado su papel como primera línea de defensa del contribuyente, del autónomo y de la pequeña empresa, facilitando el acceso a sus derechos y reduciendo los costes de cumplimiento normativo.

La visita concluyó con el compromiso de seguir trabajando en el ámbito europeo para que el modelo español inspire futuras reformas de simplificación normativa y con el reconocimiento de que esta figura profesional, aunque única en España, puede jugar un papel clave en el proceso de modernización administrativa de la Unión Europea.