Madrigal se expresó así este viernes en el acto de entrega del premio de Investigación Jurídica sobre Personas con Discapacidad, Personas Mayores, Inmigrantes, Infancia, Refugiados u otros grupos que carezcan de la debida protección, que en esta edición ha recaído en Guiulia Foschiani, por un trabajo relacionado con la educación inclusiva que denuncia que, en este campo, la situación en España está lejos de ser la ideal.

En este sentido, la fiscal general del Estado reconoció que si bien es cierto que en España hay muchos casos de discriminación escolar por razón de discapacidad, “estamos en un momento de cambio”, impulsado por una sentencia de mayo de 2011 que deriva estas situaciones hacia el procedimiento de lo contencioso administrativo y, por tanto, pone en escena al Ministerio Fiscal.

Sea como fuere, la autora del trabajo afirmó que más del 60% de los casos de discriminación escolar que se producen en España tienen como víctimas a menores con discapacidad, lo que supone que éste es un “problema presente”.

Y, desde esta perspectiva, prosiguió Foschiani, su trabajo quiere ser un testimonio de cómo la acción compartida de la sociedad civil puede mejorar la dignidad de los seres humanos, en este caso, la de los alumnos con discapacidad.

Como la fiscal general del Estado, Almudena Castro-Girona, directora de Fundación Aequitas, señaló la importancia que tiene la formación en la consecución de derechos, tanto en el ámbito mismo de la justicia, como en el de las propias personas con discapacidad que, según explicó, si no están capacitadas, difícilmente podrán exigir lo que les corresponde.

Tal y como informó en el acto de entrega del galardón el presidente de Fundación Aequitas, José Manuel García, este año, el accésit que contemplan estos premios ha quedado desierto.