Esta organización indicó que los toques de queda se han impuesto en el contexto de las operaciones que llevan a cabo la policía y el ejército turco en localidades y ciudades del este y el sureste de Turquía desde el pasado mes de julio, cuando fracasó el proceso de paz entre el Gobierno y el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK, en kurdo).

Según algunos informes, más de 150 personas han muerto en las zonas sometidas al toque de queda, mientras las fuerzas estatales combaten contra el Movimiento de las Juventudes Revolucionarias Patrióticas (YDG-H, por sus siglas en kurdo), la sección juvenil del PKK. Entre las víctimas hay mujeres, niños de corta edad y ancianos.

“Las operaciones de la policía y el ejército en zonas residenciales vienen caracterizándose por el uso de armamento pesado y de francotiradores, lo que pone en peligro la vida de residentes corrientes que no representan ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad ni para otros”, indicó AI.

Las investigaciones de Amnistía Internacional en lugares sometidos al toque de queda y las informaciones de residentes de zonas actualmente inaccesibles a observadores externos revelan las "dificultades extremas" en las que viven actualmente como consecuencia de unas medidas “duras y arbitrarias”. Así, algunos informes indican que las fuerzas de seguridad turcas impiden la entrada de ambulancias en zonas sometidas al toque de queda y que se atienda a las personas enfermas.

“Los cortes de los suministros de agua y electricidad, combinados con los peligros para acceder bajo el fuego a alimentos y atención médica, están teniendo un efecto devastador en los residentes y es probable que la situación empeore rápidamente si no se hace algo”, afirmó John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

Dalhuisen indicó que “hay zonas en las que hace más de un mes que está en vigor un toque de queda paralizante que impide que la gente salga de su casa y somete a barrios enteros a un asedio de hecho”. “Es imprescindible que las autoridades turcas garanticen que las personas residentes afectadas tengan acceso a alimentos y a servicios esenciales”, añadió.

DOCE DÍAS CON UN FAMILIAR FALLECIDO

Un hombre contó a AI que un familiar suyo, residente en Silopi (sureste de Turquía), había muerto en su propia casa mientras se producían unos enfrentamientos en el barrio. La familia tuvo que esperar 12 días con el cadáver en descomposición en la vivienda hasta que se lo llevaron para ser enterrado.

Otro residente de Silopi contó a Amnistía Internacional que el mes pasado él y su familia estuvieron 20 días sin agua y 15 sin electricidad, y que habían estado dos semanas sin ducharse y estaban racionando el agua para beber cuando se reanudó inesperadamente el suministro la semana pasada. Desde entonces, sufre cortes intermitentes.

En el curso de las investigaciones sobre el terreno realizadas tras la imposición de uno de los primeros toques de queda el pasado mes de septiembre en Cizre (sureste del país), Amnistía Internacional halló indicios de que varias muertes podrían haber sido causadas por francotiradores en lugares alejados de donde se estaban desarrollando los enfrentamientos. Entre las víctimas había niños de corta edad, mujeres y ancianos, “cuya implicación en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad es muy poco probable”.

“Al mismo tiempo que pueden adoptar medidas legítimas para garantizar la seguridad y detener a sospechosos, las autoridades turcas deben cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Las operaciones que se están llevando a cabo actualmente bajo toques de queda permanentes ponen en peligro la vida de decenas de miles de personas y están empezando a parecer un castigo colectivo”, apuntó Dalhuisen.