El Pleno del CSN estudia hoy que la central nuclear de Garoña pueda volver a la actividad, ya que se encuentra paralizada desde diciembre de 2012 y en situación administrativa de cese de actividad desde julio de 2013 al cumplir 40 años.

La responsable de Campañas de Greenpeace, María José Caballero, indicó en un comunicado que esta decisión “no tiene en cuenta al nuevo Parlamento” y que “la mayoría” de los diputados han manifestado “un rechazo absoluto” a la reapertura de la central nuclear.

“El CSN ha de estar bajo el control del Parlamento español”, añadió, antes de señalar que el Consejo de Seguridad Nuclear debe detener el proceso de evaluación de Garoña “hasta la formación de un nuevo Gobierno”.

Por otro lado, Greenpeace consideró necesario que la actividad parlamentaria de esta legislatura dé a los asuntos medioambientales “la importancia que merecen”, con iniciativas y acuerdos con “’líneas verdes’ para bien de la sociedad y de nuestro entorno”.

Así, reclamó que se revierta “el retroceso” sufrido por la gestión ambiental en los últimos cuatro años y propuso a los grupos parlamentarios que presenten iniciativas para que la Constitución recoja como derecho fundamental el medio ambiente saludable.

Además, destacó que el cambio climático debe ser “un punto de encuentro obligado” en la nueva legislatura, así como el apoyo a las energías renovables y la eliminación de “trabas” al autoconsumo energético a través del llamado “impuesto al Sol”.

El abandono del uso del carbón, la paralización de los proyectos de prospecciones de hidrocarburos y de ‘fracking’, la derogación de la conocida como ‘ley mordaza’ y que se pongan encima de la mesa las posibles consecuencias para la salud, el medio ambiente y los derechos laborales del acuerdo de comercio e inversiones “que se está negociando en secreto” entre la Comisión Europea y Estados Unidos, conocido por las siglas TTIP.

Caballero valoró el compromiso con el medio ambiente manifestado públicamente por algunos de los líderes políticos durante la última campaña electoral, pero añadió que “estos compromisos no pueden quedarse en meras declaraciones”. “Las buenas intenciones preelectorales deben dar paso a acciones concretas para llevar a cabo medidas de protección del medio ambiente marino y terrestre", apostilló.