Así lo afirman la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Iraq (Unami, en sus siglas en inglés) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en un informe conjunto hecho público este martes, basado en el testimonio obtenido directamente de víctimas, supervivientes o testigos de violaciones de los derechos humanos, así como entrevistas con desplazados internos.

El informe señala que, como consecuencia del conflicto en Iraq, al menos 18.802 civiles murieron y otros 36.245 resultaron heridos en los 22 meses comprendidos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de octubre de 2015, en tanto que otros 3,2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar su hogar y a desplazarse internamente por el país, entre ellas más de un millón de niños en edad escolar.

Del número total de víctimas, al menos 3.855 fallecieron (alrededor de la mitad en Bagdad) y 7.056 fueron heridos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre del año pasado, aunque el informe precisa que “las cifras reales podrían ser mucho más altas”.

En este último periodo, Daesh “ha asesinado y secuestrado a decenas de civiles”, a menudo de forma específica, principalmente quienes fueron percibidos por los yihadistas con diferente ideología; personas afines al Gobierno, como las antiguas fuerzas iraquíes de seguridad, policías, ex funcionarios públicos y trabajadores electorales; médicos, abogados, periodistas y líderes tribales y religiosos.

“Otros han sido secuestrados y/o asesinados con el pretexto de ayudar o proporcionar información a las fuerzas de seguridad del Gobierno”, indica el informe, en tanto que muchos han sido condenados por tribunales autoproclamados de Daesh, que, “además de ordenar el asesinato de un sinnúmero de personas, han impuesto penas severas como la lapidación y amputaciones”.

El informe detalla numerosos ejemplos de asesinatos perpetrados por Daesh en “espectáculos públicos horribles”, mediante disparos, decapitación o “quemando viva y lanzando a la gente desde la parte superior de edificios”, al tiempo que entre 800 y 900 niños fueron secuestrados por los terroristas en Mosul para recibir educación religiosa y formación militar, y mujeres y niños fueron sometidas a la violencia sexual, “particularmente en forma de esclavitud sexual”.

ABUSOS DE LAS FUERZAS DEL GOBIERNO

Por otro lado, el informe documenta presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidos por las fuerzas de seguridad iraquíes y sus aliados, como milicias y grupos tribales, unidades de movilización popular y ‘peshmerga’ (kurdos armados), en algunos casos como represalia contra personas que se cree que apoyaban a Daesh.

"Además, como los civiles se mueven por todo el país huyendo de la violencia, han continuado sufriendo restricciones gubernamentales sobre su capacidad para acceder a zonas seguras. Una vez que llegan a esas zonas, algunos han sufrido detenciones arbitrarias en redadas de las fuerzas de seguridad y otros han sido expulsados por la fuerza. La realización de operaciones de las fuerzas progubernamentales plantea la preocupación de que se lleven a cabo sin tomar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil y bienes de carácter civil", apuntó.

El representante especial del secretario general de la ONU para Iraq, Ján Kubis, llamó a todas las partes en el conflicto a “garantizar la protección de los civiles de los efectos de la violencia" y a la comunidad internacional para incrementar su apoyo al Gobierno en la estabilización y reconstrucción de las zonas liberadas por Daesh, con el fin de que “todos los iraquíes desplazados por la violencia puedan regresar a sus hogares en condiciones de seguridad y dignidad, y que las comunidades afectadas puedan restablecerse en sus lugares de origen”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió medidas urgentes para frenar la impunidad de la gran mayoría de los actos violentos e instó al Gobierno a emprender reformas legislativas para que los tribunales juzguen crímenes internacionales y a firmar el Tratado de Roma para que el Tribunal Penal Internacional pueda también arrojar luz en algunos casos.