Indicó sobre este “proyecto fallido”, que la liquidación del mismo se retrasa desde 2008, cuando él deja el cargo, hasta 2015 y dijo no tener nada que ver con la no entrega de la documentación ante la Cámara de Cuentas porque ya no tenía ninguna responsabilidad.

Tras recordar que en aquellos años “nadie se oponía al proyecto” y que tampoco había crisis económica, explicó que el Campus de la Justicia pretendía agrupar todas las sedes judiciales en un solo sitio.

Aseguró que estando él al frente de la Consejería de Justicia e Interior “no se contrató a nadie a por razones de amistad” para ese proyecto e informó de que el expediente sobre los gastos del Campus de la Justicia “lo elevó” al Consejo de Gobierno el entonces vicepresidente, Ignacio González, ya que su “interés era menos diez y su capacidad era cero”.

Asimismo, dijo que en su etapa de consejero, la Consejería de Hacienda, “cada tres meses, revisaba ingresos y gastos de la sociedad Campus de la Justicia, que además era auditada privadamente”. Prada explicó que cuando fue cesado, la persona que le sustituyó en el cargo, Francisco Granados, “encargó una auditoría de arriba abajo”.

Por su parte, la diputada socialista Mercedes Gallizo aseguró que “teníamos mucho interés en escuchar a Prada porque fue el responsable de este proyecto hasta 2008, que es cuando se pone todo en marcha y él tiene enormes poderes para ejecutar todo”.

Manifestó que “no nos ha aclarado nada y sigue habiendo la misma preocupación pero hay más datos que dicen que hubo un enorme despilfarro”.

ACUDIR A LA FISCALIA

“Creemos que hay cosas irregulares que hay que investigar”, añadió”, dijo Gallizo, quien consideró que este asunto debe terminar en la Fiscalía.

La diputada de Ciudadanos Susana Solís destacó que hubo 105 millones de euros de “quebranto patrimonial” y señaló que “el dinero se gastaba sin rigor”.

Además, dijo que "vamos a pedir que la Cámara de Cuentas realice la fiscalización de este proyecto".

El diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez manifestó que, tras la comparecencia de Prada, “se han confirmado todas nuestras presunciones”. “Ha incurrido en falsedades”, señaló el diputado de Podemos, quien denunció que el Gobierno presidido por Cristina Cifuentes “sigue impidiendo el trabajo de la oposición y ocultando documentos que sí tiene el PP”.

Declaró que Prada dejó el cargo “por conflictos internos del PP que tienen que ver con conductas presuntamente delictiva relacionadas con la financiación ilegal de este partido” y añadió que “los conflictos de espionaje” ocurridos en la Comunidad de Madrid hace años “están relacionados” con el Campus de la Justicia, por lo que opinó que “tiene sentido abrir una investigación judicial en toda regla”.

El diputado del PP Juan Antonio Gómez Angulo, señaló que “del examen de la documentación y de las comparecencias no se ha puesto de manifiesto el indicio de ningún tipo de delito ni irregularidad manifiesta”.