La ONG señala en un comunicado que a la Audiencia Nacional no le cabe otro fallo que el de eximir de culpa a estos informadores, porque han pasado siete años de su detención y cierre del periódico y no ha podido probarse la conexión con la banda terrorista, como así lo ha reconocido el propio ministerio fiscal.

Para Reporteros, es "inaceptable que se haya podido cerrar y censurar durante siete años un diario sin que hubiera por medio ninguna sentencia".

"La duración del procedimiento judicial y los sucesivos aplazamientos de las vistas durante tantos años son indignos de un país miembro de la Unión Europea", afirma RSF, que cree que se podría haber autorizado hace tiempo la reapertura de "Euskaldunon Egunkaria" en espera de la sentencia.

Los responsables del diario en euskera se enfrentan a penas de 12 y 15 años solicitadas por la acusación popular, ejercida por Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Para RSF, la lucha de las autoridades españolas contra el terrorismo es legítima, y es obvio que los periodistas son también víctimas de la campaña de terror que ETA lleva a cabo contra los medios de comunicación, obligando a que algunos tengan que trabajar con escolta e incluso a que se vean obligados a abandonar el País Vasco.

"Pero las acusaciones de terrorismo, y las sanciones que les acompañan, no pueden pronunciarse a la ligera, ni se puede privar a los lectores de su derecho a la información", agrega.