Así lo anunció ayer su portavoz de Justicia, Federico Trillo, quien manifestó que, aunque el PP ha pactado algunos de los puntos incluidos por el Gobierno y en general está de acuerdo con él, su proyecto de reforma "está en el límite" y le parece "insuficiente".

La prisión perpetua revisable obligaría al condenado a pasar 20 años en la cárcel sin disfrutar de ningún beneficio penitenciario y, tras dicho plazo, el mismo tribunal que dictó la sentencia decidiría si le mantiene recluido o le deja en libertad.

Para que ocurra esto último, tendrá que hacer un pronóstico favorable de reinserción, constatar el arrepentimiento del condenado y dar por satisfechas sus responsabilidades civiles. También podrá dejarle en prisión si entiende que la gravedad del delito exige el cumplimiento efectivo de la pena.

Según el PP, la introducción de esta nueva pena en el Código Penal homologaría la legislación española a la de países como Italia, Reino Unido, Grecia, Francia, Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca e Irlanda.

Además, el PP defenderá que la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo que el proyecto del Gobierno ya contempla si provocan alguna muerte se extienda a los casos en que causen lesiones graves o hayan practicado un secuestro.

Igualmente, propondrá que el cumplimiento efectivo de las penas no se limite a los terroristas y miembros de bandas organizadas, sino que se amplíe a todos los asesinatos, detenciones ilegales, secuestros, agresiones y abusos sexuales a menores de 13 años y robos en hogares con violencia o intimidación.

Otras aportaciones novedosas de los populares matizarán la nueva fórmula de libertad vigilada que ya pactó con el Gobierno. En concreto, defenderán la utilización de medios electrónicos para la localización permanente del reo y prohibirán a éste aparecer en los medios de comunicación por motivos relacionados con su delito si obtiene algún beneficio económico de ello.

Asimismo, el PP tratará de introducir la agravante de utilización de menores para cometer delitos (pensando por ejemplo en quienes practican hurtos por orden de otros) y una nueva figura delictiva para quienes capten a menores a través de Internet.

Igualmente, quiere incrementar la pena mínima para delitos de agresión (el aumento de la máxima ya está pactado con el Gobierno) y para los robos en viviendas o locales abiertos al público o viviendas, y reducir de cuatro a tres el número de hurtos que se requieren para que se hable de delito y no de falta.