Horrach ha solicitado la admisión de esta nueva prueba pericial que vendría a respaldar la petición de sobreseimiento de la causa por delito fiscal para las dos acusadas, puesto que unos hechos que no son infracción administrativa no pueden ser considerados delito.

En su intervención, el fiscal explicó que el límite entre la infracción administrativa y el delito fiscal depende de si la cantidad defraudada supera o no los 120.000 euros. Horrach pidió a la Agencia Tributaria este informe, al no obtener respuesta del juez instructor, José Castro, sobre sus alegaciones.

En concreto, el ministerio público quería detalles de la Administración tributaria sobre el procedimiento sancionador en caso de fraude en el IRPF y el Impuesto de Sociedades y sobre la responsabilidad de los socios de entidades mercantiles que no participen en la gestión de las mismas.

En caso de no ser aceptado como prueba el citado informe, el fiscal pide que se nombre como perito a la jefa de la Unidad Central de Coordinación de Delitos contra la Hacienda Pública, Caridad Gómez, que es la responsable de su redacción.

Tras el fiscal intervino el abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, quien se mostró dispuesto a aceptar el informe propuesto por el ministerio público siempre que el tribunal reconsidere la decisión de la Sala de rechazar un informe pericial de la inspectora de Hacienda María Concepción Ruiz Grau de 18 de abril de 2013. El tribunal aplazó la decisión sobre ambas pruebas periciales hasta poder examinarlos.