Desde el departamento de Cristóbal Montoro explicaron que este procedimiento se inició formalmente mediante una Carta de Emplazamiento de la Comisión Europea a España el 19 de junio.

En ella, según Hacienda, aunque la Comisión reconocía la correcta transposición de la directiva al ordenamiento jurídico español, señalaba que España ha incumplido la misma al no garantizar que los poderes públicos respeten los plazos de pago fijados por la norma para los bienes y servicios contratados en el marco de operaciones comerciales e invitaba a España a presentar alegaciones.

En respuesta a esta Carta, España alegó que para una “evaluación correcta” del cumplimiento de la directiva es necesario tener en cuenta la “excepcional” situación de crisis económica en la que estaba inmersa cuando la misma entró en vigor y la evolución “positiva” de los indicadores de periodo medio de pago de todas las Administraciones Públicas.

El Ministerio indicó que la puesta en marcha de los mecanismos extraordinarios de liquidez (como el Fondo de Pago a Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico y la Facilidad Financiera) han permitido una reducción “muy sustancial” de la morosidad.

A través de estos mecanismos, en el período 2012-2015, se han realizado pagos directos a proveedores por importe de 75.911 millones de euros. Esta inyección de liquidez ha permitido la reducción del período medio de pago, en particular, en las comunidades autónomas, subrayó Hacienda.