En concreto, el Consejo de Ministros, para permitir estas comunicaciones sólo electrónicas, aprueba modificar el sistema Lexnet, que es la plataforma digital para el intercambio de documentos entre la Administración de Justicia y los profesionales.

Según explicó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la reforma planteada supone llevar a la práctica lo que recoge la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Esto conllevará que, a partir del 1 de enero, abogados, procuradores y graduados sociales deberán relacionarse con los jueces sólo con documentos presentados electrónicamente, mientras que también recibirán en este formato las sentencias y notificaciones.

El decreto aprobado este viernes se aplicará en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla) y en todos los órdenes jurisdiccionales.

Las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia habrán de adoptar las medidas necesarias para asegurar desde el próximo 1 de enero la aplicación de las previsiones introducidas en las recientes reformas de la Lecrim en esta materia.

“24 HORAS AL DÍA”

Esta modificación afectará a la presentación de escritos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación. Esto no afectará a las comunicaciones de las Fuerzas de Seguridad a los jueces, ya que a los cuerpos policiales se les ha dado de plazo hasta 2017.

Catalá se refirió a que el decreto aprobado regula “todos los procedimientos y sistemas” que permitirán que juzgados y abogados se relacionen exclusivamente de forma electrónica a partir del 1 de enero.

Según el ministro, esta modificación permitirá presentar documentos en los juzgados “24 horas al día y 365 días al año”, con lo que se acortarán los tiempos de forma “extraordinaria”. Destacó que esto conllevará un “ahorro importante” de tiempo, cargas administrativas y papel.

El responsable de Justicia también aludió a que para permitir las comunicaciones exclusivamente electrónicas a partir del 1 de enero próximo, su departamento ha invertido esta legislatura 276 millones de euros en modernización tecnológica de los tribunales.