La federación que representa al 90 de los exhibidores de cine en España difundió un comunicado tras la información publicada este lunes por 'El País' sobre la apertura de esa investigación judicial por el fraude, que habría consistido en sobredimensionar falsamente las taquillas y entradas de espectadores para aparentar que el filme reúne los requisitos que establece la normativa que regula las subvenciones y obtener así ayudas que pueden alcanzar los 1,5 millones de euros.

La FECE asegura que las salas de cine son "uno de los sectores culturales más transparentes y sometidos a rigurosos controles", y deben facilitar los datos de espectadores y recaudación por película, día y sesión de forma semanal al Ministerio de Cultura, bajo los controles de la inspección del Instituto de Cinematografía (ICAA).

La federación aclara que los cines "no reciben ningún tipo de subvención por parte del ICAA u otro organismo en función de si una película obtiene más o menos espectadores".

También precisa que las salas de cine "venden entradas para sus sesiones por diversos canales como la taquilla, plataformas de Internet o cajeros, no pudiendo controlar, ni siendo esta su función, el que aquellas personas que compren sus entradas entren o no a la sala o que la abandonen a mitad de la película".

"Si alguna empresa ha actuado de forma incorrecta", agrega el comunicado, "serán los tribunales quienes tengan que decidir su grado de responsabilidad, pero no por ello se puede poner en duda el comportamiento global de un sector que siempre ha cumplido, y seguirá cumpliendo, con las amplias obligaciones iimpuestas por el ICAA", concluye el comunicado.