Algunas de las propuestas de esa ley fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional, explicó en rueda de prensa, porque entendió que la Junta no tenía competencias para aplicarla y que debía ser el Estado. Por eso, aseguró, las incluye ahora en su programa.

Todas las propuestas parten del objetivo esencial de recuperar la vivienda como un derecho humano esencial y liberarla de la "visión mercantilizadora" que los gobiernos del PP y del PSOE le han dado. Es un derecho, insiste, "no una mercancía con la que se puede especular".

La dación en pago retroactiva implicaría que no solo se aplicaría a los nuevos contratos sino a los ya firmados, desde una fecha aún por concretar, y que en las ejecuciones hipotecarias ya practicadas aunque los afectados no pudieran recuperar su vivienda sí quedaría saldada la deuda y anulados los avales.

Además, como medida inmediata, la coalición propone la paralización de todos los procesos de desahucio en marcha en los casos de personas en condición de necesidad que no puedan pagar la vivienda, a modo de "medida de emergencia social". Los deahucios, alertó Garzón, siguen siendo una realidad dramática en España aunque ya no copen las portadas de los medios de comunicación.

El programa de Izquierda Unida incluirá además sanciones a los bancos que no saquen en alquieler las viviendas vacías que poseen, e incentivos para hacerlo. Esas viviendas se destinarían a programas de alquiler barato para personas en situación de necesidad, sin que el precio pudiera superar el 20% de los ingresos globales de los inquilinos.

Garzón insiste en que en España existen más de 3,5 millones de viviendas vacías mientras personas en situación de pobreza y en riesgo de exclusión son desahuciadas sin ninguna protección.

Su intención es promover una transición de modelo imperante desde la propiedad al alquiler, fomentando otras formas de acceso a la vivienda como el cooperativismo y reduciendo la dependencia del endeudamiento a través de un crédito hipotecario.

Reclama, además, proteger a las personas que han sido "estafadas" por la banca durante la 'burbuja inmobiliaria', eliminando las llamadas "cláusulas suelo" e impidiendo que las viviendas públicas puedan ser vendidas ni privatizadas.

Garzón propone también una moratoria en el pago de las hipotecas para las personas desempleadas que se encuentren en situación de emergencia, entre las que incluye a las 770.000 familias que actualmente no perciben ningún ingreso.

Recupera también el concepto de "expropiación temporal" de viviendas incluido en la ley andaluza para que el Estado se haga cargo de las viviendas propiedad de entidades financieras en las que vivan personas en riesgo de desahucio por no poder pagarla.