El anteproyecto prevé un techo de gasto no financiero (sin contar con el Tren de Altas Prestaciones) de 3.500,8 millones de euros, 135,4 millones más. El gasto financiero también se incrementará, en 395,8 millones de euros.

Las áreas sociales acaparan el 55,86%% del gasto total no financiero, con un incremento respecto al presupuesto prorrogado de 2015 de 6,22%. Destaca el incremento en el ámbito de Derechos Sociales, que crece un 9,23%, hasta suponer el 10,54% del presupuesto total. Salud aumenta su dotación un 5,96% y Educación, un 4,87%. Estos tres departamentos, Salud, Educación y Derechos Sociales son además los que mayor dotación presupuestaria tienen.

La igualdad, la convivencia y participación ciudadana ven aumentar su presupuesto un 18,34%, dentro del nuevo Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales.

183,7 millones de euros ya estaban comprometidos de antemano por el anterior Ejecutivo foral para financiar la deuda y los denominados “peajes en la sombra” de diversas infraestructuras. En concreto, de esta cantidad 104,4 se destinarán a abonar los intereses de la deuda, 43 al canon de la autovía A-12 (Pamplona-Logroño); 16,5 millones al canon de la A-21 (Autovía del Pirineo); 15,3 canon de los regadíos del Canal de Navarra y 4,4 al canon de los regadíos de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra.

A los colectivos desfavorecidos se dedicarán 36,37 millones de euros más que lo previsto por el anterior Ejecutivo. La financiación de la Renta de Inclusión Social y otras ayudas extraordinarias, con un incremento del 63,2%, hasta alcanzar los 58,5 millones de euros, constituye el principal destino de los fondos.

La lucha contra la pobreza se refleja también en las nuevas ayudas para emergencia social (dos millones ), el aumento del 21,6% del empleo social protegido, en el que se invertirán 6 millones; y la mejora de los recursos de atención primaria en servicios sociales, a los que se dotará de un 8,7% más de presupuesto (13,7 millones).

Otras novedades en este ámbito son el incremento de las ayudas al alquiler de vivienda pública (un 14% hasta los 13 millones), la rehabilitación de viviendas públicas para familias desahuciadas y el aumento de las subvenciones de cooperación al desarrollo, a las que se destinan 4,3 millones.

Finalmente, la extensión de las prestaciones a las personas con dependencia moderada (3.000 navarros) tendrá un costo de 4,5 millones y la mejora de los programas de protección a la infancia y la adolescencia también recibirán 2,3 millones más.