El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes una Orden del Ministerio de Economía y Competitividad que regula el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles.

La creación de este órgano dentro del Colegio tiene como finalidad “promover y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas”.

La orden entra en vigor en cuatro meses, con lo que para mediados de marzo de 2016 el órgano centralizado de prevención estará plenamente operativo. En todo caso, desde Economía explicaron que el Colegio cuenta desde hace unos años con una organización para centralizar las comunicaciones que se hacía sobre blanqueo de capitales y que con esta regulación lo que se hace es “fortalecer” esa labor y que ejerciten esas funciones con el respaldo de una norma legal.

Sobre la posibilidad de que aumenten el número de comunicaciones sospechosas tras la creación de este organismo, las citadas fuentes ministeriales indicaron que “no nos obsesionamos con el número” y que “lo importante es la calidad” de las mismas. De esta manera, subrayaron que están “seguros que van a mejorarse las comunicaciones de operaciones sospechosas”.

La aprobación de esta norma supondrá la incorporación “automática” al órgano centralizado de prevención de todos los registradores. Además, la Junta de Gobierno del Colegio designará al director de este organismo, que ostentará con carácter nato la condición de representante ante el Sepblac.

El Servicio Ejecutivo, de forma razonada, podrá formular reparos u observaciones al nombramiento, y tendrían facultad hasta de vetarlo.

La orden señala que el órgano centralizado de prevención examinará con “especial atención” aquellas operativas en las que concurran las circunstancias establecidas en el artículo 17 de la Ley 10/2010, remitidas para su análisis por los registradores o bien detectadas de manera directa por el órgano centralizado de prevención, mediante el tratamiento de la información contenida en las bases de datos registrales.

En dicho artículo se recoge que los sujetos obligados, en este caso los registradores, examinarán con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, reseñando por escrito los resultados del examen.

En particular, se añade, los sujetos obligados examinarán con especial atención toda operación o pauta de comportamiento “compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude”.

Por otra parte, a los efectos de la adecuada realización de la función de análisis, los registradores deberán facilitar al órgano centralizado de prevención cualquier información que éste les requiera para el ejercicio de su función de examen.

Fuentes de Economía indicaron que los registradores tienen que cumplir una serie de obligaciones en esta materia y que si lo hacen pueden ser sancionados. La sanción depende del tipo de incumplimientos y pueden ir de leves a muy graves.

OTRAS COMUNICACIONES

En cuanto a las comunicaciones sospechosas realizadas al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) por otros colectivos profesionales, Economía apuntó que en el caso de los notarios la cifra fue de 288 en 2014, por debajo de los 297 del ejercicio anterior.

Por su parte, los abogados trasladaron 41 casos en 2014, mientras que un año antes la cifra fue de 19.

El total de sujetos obligados no financieros realizaron el año pasado 672 comunicaciones, dos más que en el año 2013 (670).