Estas son algunas de las 30 propuestas para “cambiar España” planteadas por Ciudadanos en el documento ‘Regeneración democrática e institucional” que ha presentado este sábado el presidente del partido y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, en el Palacio de congresos de Cádiz.

Rivera indicó que “las naciones hay que cuidarlas y España hay que cuidarla” después de que en los últimos años “la partitocracia ha ido degradando la democracia, las instituciones, la nación y la unión española”.

“Somos los únicos capaces, con las manos limpias, con voluntad y cariño para darle un impulso a este país”, sostuvo Rivera, quien explicó que el documento plantea renovar “el compromiso de los españoles con nuestras instituciones, renovar nuestra democracia y nuestra Constitución”.

“No quiero llegar al gobierno para no poder cambiar nada, sino que me presento a las elecciones para dejarle un mejor país a nuestros hijos”, agregó Rivera, quien opinó que con el documento de propuestas "algunos, muy poquitos, tendrán miedos" pero "la mayoría tendrá ganas".

Así, detalló que los cinco principales ejes del documento se centran en “más derechos ciudadanos; más democracia; mejor y más separación de poderes; lealtad y eficacia a las instituciones del Estado, y más Europa”.

SUPRESIÓN DEL SENADO

La formación propone suprimir el Senado al considerar que se ha manifestado su “incapacidad” y se ha de “modernizar” la forma de articular la representación territorial en la gestión de los asuntos del Estado.

Esta decisión se debe al "número de senadores", a que "algunos lo han convertido en un refugio de elefantes de sus fracasos políticos" y la "falta de competencias territoriales efectivas", explicó Rivera.

En su lugar, propone crear un Consejo de presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla para participar “de manera más efectiva” en el gobierno de la nación.

Sus miembros dispondrán de un voto ponderado en función de la población de la respectiva comunidad, y el consejo será competente para la aprobación, en segunda lectura, con el voto mayoritario de sus miembros, de las leyes más directamente relacionadas con la organización territorial del Estado.

Además, a diferencia de la Conferencia de Presidentes existente, de carácter Ejecutivo y en la que sí participa el presidente del Gobierno, en el Consejo propuesto por Ciudadanos no participa el presidente del Ejecutivo al ser de carácter legislativo. En caso de discrepancia con el Congreso de los Diputados, prevalecerá lo decidido por éste, tras haberse intentado consensuar una posición común.

Asimismo, Ciudadanos plantea sentar las “nuevas bases” del Estado autonómico, para lo que propone enumerar las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas, para fijar el mapa autonómico de manera definitiva.

Esto conllevará la supresión la disposición transitoria cuarta que contempla la posibilidad de incorporación de Navarra al País Vasco.

También propone clarificar el modelo de distribución de competencias mediante la elaboración de un listado de competencias exclusivas del Estado y otro de competencias compartidas integrado por las materias en las que el Estado cuenta con la función legislativa, junto con las comunidades.

En cuanto a la financiación territorial, busca que sea “equitativa, transparente y eficaz”, con un solo fondo de cohesión social y territorial que garantice la cartera de derechos para que todos los ciudadanos tengan "los mismos derechos en cualquier rincón de España". Suprimir las diputaciones provinciales y una fusión de ayuntamientos para prestar servicios “sostenibles” son otras de sus propuestas.

“DESPOLITIZAR” LA JUSTICIA

Rivera defendió que los jueces españoles “se merecen una justicia despolitizada”, por lo que desde su formación proponen suprimir también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y asignar sus funciones al presidente del Tribunal Supremo y del poder judicial que estará asistido por dos adjuntos.

En esta línea, busca la “despolitización” del Tribunal Constitucional, para lo que se exigirá 25 años de ejercicio profesional para poder ser designado magistrado y un “estricto” sistema de incompatibilidades que garanticen su independencia.

Bajo un periodo de mandato de 12 años y una edad de jubilación de 75 años, tendrá una prohibición de haber desempeñado cargos orgánicos en un partido o cargos representativos o ejecutivos en parlamentos o gobiernos durante los cinco años anteriores a su nombramiento.

Esto iría acompañado de la supresión de la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados. Por su parte, para el Ministerio Fiscal, Ciudadanos plantea una Fiscalía General del Estado “independiente, profesional y al servicio de la legalidad”, fijando un procedimiento de nombramiento del fiscal regulado en la constitución, exigiendo 20 años de ejercicio y ninguna vinculación con partidos políticos.

SIN INDULTOS POR CORRUPCIÓN

En cuanto al poder ejecutivo, Ciudadanos aboga por suprimir el decreto ley, y la “limitación y despolitización del indulto”, de forma que en ningún caso será posible indultar a los condenados por delitos de corrupción o contra la Administración, ni los de violencia de género.

El materia electoral, la formación liderada por Albert Rivera reformaría la ley de partidos para conseguir “más democracia interna y más transparencia” junto a la aprobación de una nueva ley electoral, con una reforma inspirada en el régimen electoral alemán.

Esto supone que la elección de los diputados se hará simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales, disponiendo en consecuencia cada elector de dos votos.

Igualmente, propone reducir a 250.000 el número de firmas para impulsar las iniciativas populares y el fin de los privilegios para los representantes públicos, suprimiendo su aforamiento y los suplicatorios para delitos o imputaciones, salvo para los relacionados con la actividad política del parlamentario.

DERECHOS SOCIALES

Por otra parte, en el eje “más ciudadanía” se contempla el derecho fundamental a la protección de datos personales, el derecho a la transparencia, y una nueva sección de derechos sociales en la Constitución. Entre otros, se incluyen el derecho a la salud, a la vivienda, a la protección ambiental, a los servicios sociales, de los consumidores y usuarios y el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad.

El último eje recoge el reconocimiento constitucional del a pertenencia a la Unión Europea.