Esta es la primera de las medidas de un decálogo elaborado por la citada organización, según explicó este miércoles el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, en un encuentro informativo en la agencia Servimedia. Según dijo, la propuesta no responde a la “moda” reformista de la Carta Magna, sino a una “realidad” social.

Esa reforma se fundamentaría, además de en la consideración de los derechos sociales como fundamentales, en el reconocimiento expreso del Tercer Sector en el diálogo civil y en la modificación del Título Octavo de la Constitución, para dotar al Estado de las competencias que permitan complementar ciertos desequilibrios que se producen a nivel autonómico en la atención a los más vulnerables. “Esto no sería invadir competencias ni eliminar el Estado autonómico”, insistió.

“Los derechos sociales deben estar reconocidos en la Constitución; si no lo están, cualquier cuestión que se legisle difícilmente puede tener una argumentación de suficiente peso para poder defenderse”, argumentó, pues aunque se está “empezando a remontar la crisis”, las personas en exclusión social aún van a tardar en notarlo.

La plataforma sostiene que si hay una reforma de la Carta Magna como proponen algunas formaciones, el Tercer Sector debe ser reconocido, “pero no para entrar en competencia con otros agentes sociales, sino para tener un papel de complementariedad”. Ese papel “de interlocutor” garantizará el “diálogo” para que cualquier persona tenga garantizados unos recursos básicos.

El decálogo también propone otras leyes, como una de rentas mínimas que reconozca la prestación como derecho subjetivo y otra de garantía de derechos sociales para acabar con los desequilibrios autonómicos en las prestaciones.

Asimismo, el sector social reclama que los partidos suscriban un Pacto contra la Pobreza, para reducir en un 15% el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión y un 25% de la tasa de pobreza infantil.

FONDO PARA LA POBREZA

Además, Poyato subrayó que “igual que ha habido partidas para rescatar a la banca”, habría que impulsar un Fondo Estatal contra la Exclusión Social y la Pobreza (2016-2020) con una partida de 1.000 millones de euros anuales. Este fondo sería “extraordinario” y quedaría fuera de los Presupuestos Generales del Estado.

En este punto, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector recordó que todavía se está “a tiempo” para destinar una parte de los fondos europeos a la “inversión” en la exclusión, pues aparte del fomento de obras públicas e infraestructuras, esos fondos permiten “que haya un porcentaje” destinado a los más vulnerables. En España, según la Red Europea de lucha contra la Pobreza (EAPN), hay 13.600.000 personas en riesgo de exclusión social, lo que supone el 29% de la población. De ellas, más de tres millones se encuentran en pobreza y exclusión severa.

El decálogo también propone a los políticos adoptar una Estrategia Estatal de Inclusión Laboral para grupos excluidos; derogar la restricción del derecho a una sanidad de acceso universal; que los ingresos obtenidos de la Tasa sobre Transacciones Financieras se destinen “exclusivamente” a la lucha contra la pobreza y la exclusión; la creación de un Marco Estatal de apoyos y ayudas al Tercer Sector en los dos primeros años de la nueva legislatura y el reconocimiento de las organizaciones del Tercer Sector Social en el Comité Económico y Social de España, para garantizar su participación en el diálogo civil.

LEY DEL TERCER SECTOR

Al margen del decálogo, la Plataforma del Tercer Sector anunció que se reunirá con todos partidos políticos que pueden obtener representación tras el 20-D para promover “la voluntad” para desarrollar las leyes del Tercer Sector y el Voluntariado aprobadas recientemente. Ese desarrollo pasaría, por ejemplo, por un plan de financiación y modernización del Tercer Sector en 2016 y un posterior análisis del impacto de la normativa.

“Desde el primer día en que se constituya el Parlamento, el Tercer Sector recordará al nuevo Gobierno qué va a pasar con el desarrollo de estas leyes”, dijo. También animó a las organizaciones sociales a difundir estas dos normativas “de intenciones” para que las conozca la sociedad española.