Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han declarado culpables por esta acción a los terroristas Fernando Silva Sande, Israel Torralba, Marcos Martín Ponce, Mónica Refojos y Esther González Ilarraz.

La sentencia hecha pública hoy les atribuye dos delitos de asesinato terrorista con el agravante de alevosía, cuatro delitos de lesiones terroristas, uno de depósito de explosivos, otro de estragos terroristas y un delito adicional de robo con violencia con finalidad terrorista en grado de tentativa.

Todos ellos han sido condenados a 135 años de prisión menos González Ilarraz, sentenciada a 144 años de cárcel al atribuirle un delito adicional de pertenencia a banda armada. Los otros cuatro terroristas ya habían sido condenados por este delito por la justicia francesa.

En la misma sentencia han sido absueltos el histórico jefe de los Grapo y máximo responsable del Partido Comunista Español Reconstituido, Manuel Pérez Martínez, alias “comandante Arenas”, y el que fuera jefe del aparato de falsificación de la banda terrorista, José Luis Elipe.

CUATRO BOMBAS

La sentencia de la considera probado que a principios del año 2000 los terroristas se instalaron en un piso que habían alquilado en Vigo y formaron un comando bajo la dirección de Silva Sande.

Una vez instalados en la ciudad, los grapo efectuaron las labores de seguimiento y vigilancia necesarios para conocer los trayectos y horarios de los furgones blindados de la empresa Prosegur.

Los terroristas conocieron de esta forma que en la mañana del 8 de mayo un furgón iba a circular por la carretera provincial en dirección a la Gran Vía de Vigo trasladando fondos a la sede del Banco de España.

Torralba, Refojos, González, Silva y Martín colocaron tres cargas explosivas al paso del furgón por la carretera provincial, una para detener el vehículo y las otras dos para crear confusión para facilitar la huida. La primera bomba, de fabricación casera, hizo explosión sobre las 7.45 horas del 8 de mayo, alcanzando de lleno al furgón y reventando su motor, si bien el vehículo, en vez de detenerse continuó rodando por inercia a lo largo de 75 metros, lo que trastocó los planes de los terroristas que tuvieron que salir corriendo en su busca.

Tras las deflagraciones, los terroristas abrieron fuego con sus pistolas contra ambos lados del vehículo mientras Silva Sande dirigía la operación con una escopeta.

DOS MUERTOS

Los vigilantes jurados del furgón, Jesús Sobral y Gonzalo Torres, salieron del vehículo “conmocionados por la explosión y aturdidos” para repeler la agresión. Antes de darles tiempo a reaccionar, Silva Sande y Refojos les asesinaron a tiros.

Por su parte, el conductor del furgón, Manuel Espada, tras un intento frustrado de salir por la puerta izquierda, se parapetó en el interior del furgón y comenzó a disparar, hiriendo de gravedad a Martin Ponce, quien dejó un rastro de sangre que permitió identificarle gracias a las pruebas de ADN.

Al constatar que las cargas explosivas que había colocado para abrir el compartimento del furgón en el que se guarda el dinero, al ver que se aproximaba otro furgón blindado por la misma carretera y ante el miedo de que la heridas de Martín Ponce fueran a más, los terroristas huyeron “sin haber obtenido dinero alguno en el asalto”, indica la sentencia. Además de los dos muertos, en el atraco frustrado resultaron heridos otras cuatro personas, entre ellas el conductor del vehículo y dos menores que esperaban al autobús en una parada cercana.

VIOLACIONES

Durante la vista oral, celebrada hace un mes, varios de los acusados revelaron que Silva Sande, máximo dirigente militar de los Grapo, fue expulsado de la banda a mediados del año 2000 tras ser acusado de violar a una compañera de la organización e intentarlo con otras terroristas.

Fueron Refojos y Martín Ponce los que relataron durante el juicio en la Audiencia Nacional cómo la dirección de la banda decidió expulsar a Silva Sande tras las denuncias de varias terroristas.

Martín Ponce explicó ante el tribunal que el proceder de Silva Sande consistía en extorsionar a las compañeras de la organización para obtener favores sexuales amenazándolas con expulsarlas de la banda y prometiéndoles ascensos si accedían a sus peticiones.

El caso más grave se produjo a principios del año 2000, cuando una de las terrorista tuvo que abortar tras ser violada por el que fuera máximo jefe militar de la banda y miembro del denominado “Comando central” de la organización.

“La expulsión de la banda es lo mejor que le pudo pasar porque en una organización revolucionaria a esa gente se le suele ejecutar”, dijo Martín Ponce ante los magistrados de la Audiencia Nacional.