La directora general de Tráfico, María Seguí, hizo este anuncio en el marco del I Congreso Nacional sobre Seguridad Vial y Discapacidad, celebrado el jueves y el viernes en Sevilla con la organización de la Federación Nacional de Lesionados Medulares (Aspaym) y Aspaym Andalucía, según informaron estas dos entidades.

Seguí señaló que Tráfico pondrá en marcha “en las próximas semanas un plan de actuación integral para mejorar las condiciones de acceso a la conducción de las personas con discapacidad” con el fin de “actualizar y adecuar” las pruebas de acceso y reconocimiento para que este sector de la población tenga las mismas oportunidades que el resto de conductores.

Según datos de la DGT, actualmente hay cerca de 56.000 conductores con discapacidad en España que precisan de adaptaciones y ayudas técnicas para conducir un vehículo.

El plan anunciado por Seguí prevé ciclos de formación dirigidos a profesionales de los centros de reconocimiento, médicos especialistas y examinadores de Tráfico. En las próximas semanas comenzará como programa piloto en varias provincias y se aplicará en toda España en 2016.

Según datos ofrecidos durante la primera jornada del Congreso, el número de fallecidos en las carreteras españolas en los últimos cuatro años descendió un 18%, así como un 22% la cifra de accidentes con víctimas. Sin embargo, el impacto económico, sanitario y social derivado de la siniestralidad en carretera equivale al 2% del PIB, según recalcó Alberto de Pinto, presidente de la Federación Nacional Aspaym.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, destacó “la necesidad de promover una nueva ley de protección integral a las víctimas de tráfico”, al entender que ahora la respuesta de las administraciones es dispersa y débil. “Necesitamos ampliar y armonizar la atención a las personas con discapacidades sobrevenidas por accidentes de tráfico para lograr un atención integral que garantice sus derechos de ciudadanía”, añadió.

VALORACIÓN DE DAÑOS

Por su parte, el secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Julio Fuentes, destacó la reciente aprobación de la ley que reforma el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico.

Esta norma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2016, actualiza un sistema vigente desde 1995 y es fruto de un acuerdo entre las dos partes afectadas: las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y las entidades aseguradoras.

El cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, hizo hincapié en la labor que desarrollan las entidades locales en la prevención de accidentes de tráfico y en la educación vial a través de las escuelas, y apostó por la accesibilidad universal en las ciudades como premisa irrenunciable en la atención a los ciudadanos.

Por su parte, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio. En su opinión, es imprescindible desarrollar “acciones coordinadas entre los agentes sociales, jurídicos y de seguridad vial para poner en marcha planes de educación vial, prevención y atención a las víctimas de accidentes de tráfico”.

La consejera recalcó la necesidad de trabajar de forma conjunta entre todas las administraciones para garantizar una atención integral a las víctimas de accidentes de tráfico. “No podemos permitir que una sola persona accidentada quede atrapada en su domicilio sin los recursos económicos, médicos y sociales necesarios que posibiliten una mejora en su calidad de vida”, añadió.