Sáenz de Santamaría hizo esta afirmación tras asistir en el Hospital Infanta Leonor de Madrid a un acto con motivo de la entrada en vigor este jueves en toda España de la inscripción telemática de nacimientos y defunciones.

La ‘número dos’ del Ejecutivo, que asistió a la inscripción por el nuevo procedimiento de una recién nacida, estuvo acompañada en este acto por la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuyo departamento ha desarrollado este sistema digital de inscripciones en el Registro Civil.

Tras esta presentación, Sáenz de Santamaría fue preguntada por la declaración de Mas ante la Justicia en relación con la consulta ilegal del 9-N. El mandatario autonómico, tras su comparecencia ante los jueces, dijo en Barcelona que acatará una eventual condena según sea entonces la situación política de su comunidad, en referencia a que la resolución podría conocerse una vez que los independentistas hayan forzado su intento de secesión del resto de España.

A este respecto, la vicepresidenta dijo que Mas “debería respetar la independencia de los jueces, asumir sus responsabilidades, no políticas, sino sus responsabilidades judiciales”.

“LEGITIMIDAD DE MOCRÁTICA”

También emplazó al presidente de la Generalitat a “no ampararse” en que, según su versión, el 9-N fue organizado por voluntarios y que el Ejecutivo catalán sólo colaboró.

Según la vicepresidenta, Mas debe “responder ante la Justicia” y hacerlo “sin presiones y sin más miramientos”. Asimismo, se refirió a que “quien ya se ha saltado la ley (en referencia al presidente catalán), lo que no puede hacer es dejar de respetar a la Justicia”.

“Una democracia se caracteriza por el respeto de todos los ciudadanos al Poder Judicial y a su independencia y yo quiero recordárselo hoy a Artur Mas”, añadió Sáenz de Santamaría, quien también dijo al responsable de la Generalitat que “a lo largo de todo este tiempo ha ido perdiendo legitimidad política”, por lo que no debería perder “legitimidad democrática colocándose por encima de las instituciones”.

“Todos los ciudadanos tenemos la obligación de respetar la ley, pero los gobernantes la tenemos todavía más”, remarcó la vicepresidenta, quien concluyó que los cargos públicos deben “respetar a otras instituciones que tienen tanta o más legitimidad democrática que nosotros mismos”.