La nota en la que hacen estas críticas está suscrita por Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Unión de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Los firmantes, solicitan la “suspensión de la entrada en vigor de la reforma hasta que, al menos, no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma”.

En una nota conjunta hecha pública hoy, consideran “absurdo” que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal limite el tiempo de instrucción de los procesos judiciales y que la Fiscalía tenga el “monopolio” de pedir prórrogas.

Según dicen, los plazos de seis y 18 meses que establece la ley para concluir la instrucción judicial de casos sencillos y complejos es “absurda” teniendo en cuenta que el modelo procesal español deja la investigación en manos del juez instructor, que es el que ha de controlar la realización efectiva en plazo de sus propias diligencias procesales.

Pero también considera fuera de lugar otorgar al Ministerio Fiscal, “en régimen de monopolio”, la facultad de pedir prórrogas a quien está dirigiendo y controlando la investigación cuando puede haber desacuerdos en la misma o, incluso, desconocer el contenido o la existencia de dicha investigación.

Esto coloca a los fiscales “en una irresoluble tesitura, al resultar de imposible cumplimiento el mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta en la actualidad, y a los jueces de instrucción en un delicado papel en el que, dirigiendo ellos la instrucción, carecen de la capacidad para prolongarla en el tiempo, si no es tras la petición del fiscal”.

En definitiva, estas asociaciones consideran que el legislador “ha confundido tanto el modelo procesal como el papel de los actores, lo que lleva a su último extremo la falta de coherencia de la reforma”.

Por si esto fuera poco, denuncian, la reforma entrará en vigor el próximo 5 de diciembre, cuando se aplicará a todos los procedimientos vigentes, es decir, habrá que revisar todas las causas penales que se encuentran en fase de instrucción en todos los juzgados de España, teniendo éstos que atender la carga de trabajo ordinaria, y todo ello “sin necesidad de habilitación presupuestaria alguna”.