Madrid. El Pleno municipal aprueba por unanimidad revisar la normativa que entorpece crear empleo
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Los cuatro grupos del Pleno del Ayuntamiento de Madrid suscribieron hoy una propuesta transaccionada para crear un grupo de trabajo en la Comisión no Permanente de Empleo que se reúna al menos una vez al mes y emita un dictamen como máximo el 31 de mayo para revisar y reducir las diversas normativas y ordenanzas municipales que puedan impedir la creación de empleo en la ciudad.
PP, Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos llegaron a este acuerdo en el marco del Pleno extraordinario convocado a petición de los populares precisamente para revisar estas normas, y retiraron como consecuencia de la transacción todas las propuestas particulares que llevaban al mismo. Los populares querían una comisión no permanente, pero aceptaron que se convirtiera en grupo de trabajo dentro de una comisión ya existente.
La portavoz del PP, Esperanza Aguirre, inició el debate por ser su grupo el que había solicitado el Pleno y celebró haber acordado con los demás “modificar en un plazo razonable todas las normativas que entorpecen la creación de empleo”, “eliminar la maraña de trámites” y procedimientos. Sólo puso como condición que el grupo se reúna con periodicidad y con el citado límite del mes de mayo para aprobar la revisión de ordenanzas.
Para Aguirre, “el Ayuntamiento tiene que convertirse en aliado de quienes crean empleo, porque el exceso de normas entorpece la creación de empleo y es caldo de cultivo de posibles arbitrariedades”. Defendió la declaración responsable instaurada por el Gobierno municipal de Ana Botella como sustitutivo a la solicitud de licencia de actividad y criticó normas concretas como ejemplo.
"EL CAMINO DEL INFIERNO"
Por ejemplo, se refirió a que los locales de hostelería tengan siempre un límite de 90 comensales independientemente de cuál sea su superficie, que tengan otro en las dimensiones de su televisor, que no puedan poner vídeos musicales y que asociaciones que intentan reconducir a las prostitutas no puedan abrir locales nuevos por estar en una Zona de Protección Acústica; algo que le parece ejemplo de que “el camino del infierno está asfaltado de buenas intenciones”.
La portavoz popular anunció también que, en el marco de la transacción, el PP retiraba su propuesta de descentralizar competencias a las juntas de distrito, pues la tenían todos los partidos en sus programas electorales, incluido Ahora Madrid, por lo que la labor correspondería al equipo de gobierno.
Igualmente retiró su propuesta de crear la figura del Defensor del Vecino. Aguirre terminó recordando que recaudar más permitirá al Ayuntamiento dedicar más recursos a los “cuidados” que había defendido dedicar a los ciudadanos el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, un rato antes en el Pleno.
En nombre del Gobierno intervino la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, quien sólo lo hizo para manifestar su “sorpresa” por la convocatoria del Pleno después de que se celebrara hace un mes otro con la misma temática.
Por eso, pidió “un poco más de rigor” al PP, cosa que también hizo después la concejala socialista Carlota Merchán, en nombre del grupo que propuso el Pleno anterior. El portavoz adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, contestó a ambas que aquel Pleno fue sólo deliberativo y no aprobó nada, y además se centró en la Agencia Municipal de Empleo, cuando los populares consideran que quien crea empleo no es el Ayuntamiento, sino la iniciativa privada.
PSOE Y CIUDADANOS
Merchán también llamó la atención sobre el hecho de que fueron gobiernos municipales del PP los que aprobaron las ordenanzas y normativas que ahora los populares tienen urgencia en eliminar. Lo atribuyó a que “ahora, estando en la oposición, se han dado cuenta del desaguisado”. Además, insinuó que si hay normas, pero luego “laxitud” en su aplicación, los beneficiados son siempre los mismos y los damnificados también. Henríquez de Luna justificó el cambio de posición del PP por la adaptación a los nuevos tiempos.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, que retiró por la transacción su exigencia al Ayuntamiento de que cumpla los plazos, mencionó que en Madrid existen 48 ordenanzas y luego muchas más instrucciones y acuerdos de comisiones que generan el llamado “cepo legal”, que obliga al emprendedor a aprenderse toda la normativa porque, de lo contrario, caerá en algún incumplimiento.
Villacís lamentó que Madrid sea hoy “una ciudad de locales cerrados y gente vencida por la Administración”, que abandona por “agotamiento” y “pereza administrativa”, y concluyó que, ahora, con el grupo de trabajo que se reunirá mensualmente, existen los instrumentos para “trabajar, con menos comisiones, pero con más voluntad”.
(SERVIMEDIA)
14 Oct 2015
KRT/caa