Según informó el Ministerio del Interior, los miembros de esta organización cobraban una media de 20.000 euros por traficado, amenazando a sus familiares en caso de no satisfacer la cantidad pactada. Mantenían vínculos con otras organizaciones similares asentadas en España y en otros países, llegando a funcionar como una macroorganización criminal, motivo por el que la cooperación internacional ha sido esencial para la investigación.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de numerosas detenciones en aeropuertos españoles de personas de origen asiático que pretendían embarcar en vuelos identificándose con documentos falsificados de nacionalidades como Región Administrativa de Macao, Región Administrativa Especial de Hong Kong, República de Corea, Japón, Malasia, Singapur, Portugal y Taiwán.

La organización criminal, formada por ciudadanos chinos y pakistaníes, captaba a sus víctimas en China y les prometía llegar a cualquier país a cambio de una cantidad de dinero que variaba en función del destino solicitado y de los medios utilizados para llegar a él. No pagar la cantidad pactada, una media de 20.000 euros, suponía la retención de la documentación verdadera de estos ciudadanos y la limitación de su libertad de movimientos, llegando a amenazar a sus familiares. La cantidad señalada se abonaba en dos pagos, la mitad a la salida del país de origen y el resto al llegar al destino deseado.

RUTAS

La organización trataba de introducir a las personas en cualquier país del espacio Schengen y para ello establecían rutas claramente definidas: por una lado, vuelos directos desde el país asiático a Europa, mediante documentos auténticos de terceras personas con parecidos obtenidos de manera fraudulenta, y por otro, vuelos entre China y Europa con escalas y pasaporte falso. La más peligrosa de todas las formas de entrada se realizaba de forma clandestina y oculta a través de la frontera terrestre entre Turquía y Grecia, lo que ponía en riesgo su integridad física.

Una vez introducidos en España, permanecían ocultos en pisos patera en Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Para evitar ser descubiertos por los controles policiales, la red les obligaba a cambiar de vivienda con asiduidad a la espera de una nueva documentación falsificada con la que llegar al país de destino, ya que la documentación inicial utilizada para introducirlos en España les era retirada de inmediato.

Esa segunda documentación de la que precisaban para llegar a los países solicitados era falsificada por el entramado en China y enviada a España mediante empresas de mensajería. Otra de las opciones era esconderla en el equipaje de nuevos ciudadanos chinos a los que también pretendían traer a España. Una vez que la recibían, los miembros de la organización adquirían billetes de compañías de bajo coste en agencias regentadas por ciudadanos chinos y pakistaníes.

La red, alertada ante las detenciones policiales llevadas a cabo en diversos aeropuertos, buscó otras formas de acceso a estos países, como trenes, vehículos de mercancías y ferrys desde España a Francia o directamente a Inglaterra.

Los papeles dentro de la organización estaban claramente definidos, destacando una figura conocida como 'pasador', que eran de gran utilidad ya que debido a sus conocimientos sobre ciudades y vías de comunicación de los diferentes países eran los encargados de acompañar y controlar a las personas con las que traficaban durante todo el viaje y permanecer en contacto directo con los máximos responsables de la red. En ocasiones aprovechaban su estancia de tres meses como turistas para trasladarse a Europa y ejercer como 'pasadores' durante ese periodo de tiempo.

REGISTROS Y DETENCIONES

La Policía realizó cuatro registros en Barcelona y Badalona, en los que los agentes de Policía Nacional intervinieron 4.105 euros, así como otras cantidades de dinero procedente de nueve países, 116 pasaportes de diversas nacionalidades, 71 tarjetas SIM de telefonía y material informático.

Como resultado la Policía Nacional ha detenido 89 personas, cuatro de ellas por pertenencia a organización criminal, falsedad documental y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. De los 85 restantes, uno lo ha sido por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y 85 por falsedad documental.

Para la desarticulación del entramado ha sido necesaria la participación del grupo V de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjerías y Fronteras, la oficina RALON de la Embajada Británica en Madrid, O.C.R.I.E.S.T (Policía Nacional de Francia) y Unidad Móvil de Europol. Asimismo, han intervenido el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Madrid), el Grupo de Extranjeros de la Comisaría Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Madrid), el Grupo de Policía Judicial del Aeropuerto del Prat de Llobregat (Barcelona), UCRIF Barcelona, UCRIF Alicante, UCRIF Mallorca y UCRIF Santa Cruz de Tenerife.