Esta iniciativa ha sido elaborada con la participación de los colectivos Lgtbi (Cogam, Transexualia, Chrysalis, Fundación Triángulo Madrid, Fundación Daniela, El Hombre Transexual, Arcopoli y Fundación 26 de Diciembre).

“La Ley Integral de Transexualidad se ha elaborado con la colaboración activa de los colectivos", declaró la diputada socialista Carla Antonelli, tras registrar esta iniciativa junto a las parlamentarias Beatriz Gimeno, de Podemos, y Eva Borox, de Ciudadanos.

Las diputadas han estado acompañadas por representantes de los colectivos Lgtbi y

Antonelli ha pedido al Gobierno presidido por Cristina Cifuentes que “atienda a razones” ante esta ley.

“Si cree que tiene algo mejor de lo que han proporcionado los colectivos que lo enmiende, que lo mejore, pero que venga a trabajar con todos, que es lo que le pedimos desde el primer momento y, por desgracia, se negó”, señaló.

La ley recoge puntos fundamentales encaminados a defender los derechos de las personas transexuales: desde la despatologización de la transexualidad; la propia autodeterminación de las personas transexuales; sus derechos sanitarios -desde el consentimiento informado, el derecho de las y los menores a ser atendidos y recibir inhibidores hormonales llegada la pubertad-; medidas contra la transfobia y el bullyng en el sistema educativo; la inclusión laboral; la atención a las personas mayores transexuales, así como DNI transitorio en el ámbito comunitario y un amplio abanico de medidas destinadas a combatir las discriminaciones que sufre este colectivo para su mejor inclusión en el tejido social.

Por otro lado, la diputada del PP Ana Camins denunció la “nula voluntad de diálogo” de los grupos políticos de la oposición para consensuar las leyes de no discriminación por identidad de género en la Comunidad de Madrid, “pese al ofrecimiento hecho por el Ejecutivo regional hace unas semanas cuando presentó un borrador en Consejo de Gobierno que fue enviado tanto a las asociaciones de este colectivo como a los tres partidos con representación parlamentaria”.

Explicó que el Gobierno regional "renunció a remitir a la Asamblea el proyecto de ley en aquel momento, como podría haber hecho, para abrir un diálogo con la oposición y las asociaciones del colectivo Lgtbi".