El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, y el de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, confirmaron la decisión sobre la que se venía especulando en los últimos días, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Administración de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, participada en un 51% por el Consistorio y en el 49% restante por Funespaña, del grupo Mapfre.

Según explicaron, cuando el contrato con la empresa mixta termine el 15 de septiembre de 2016, tomará las riendas una empresa mercantil de capital íntegramente municipal, y se ha constituido un grupo de trabajo para que los 530 empleados de la empresa mixta puedan seguir trabajando.

Barbero aseguró que el Gobierno municipal ha “reflexionado mucho” sobre esta cuestión y se ha llegado a esta decisión tras valorar tanto el “objetivo de visión social” que tiene como la eficiencia económica, pues “nunca pudo ser probado que los modelos de gestión privada fueran mejores”.

El concejal argumentó que el artículo 128 de la Constitución da al Ayuntamiento “el derecho y la responsabilidad” de plantear la municipalización de lo que considera “un servicio básico de carácter esencial aunque otras corporaciones no lo han entendido así”. Además, reivindicó a los “fantásticos trabajadores públicos” del Ayuntamiento, con “enorme capacidad de gestión”, que hace innecesario externalizar muchos servicios.

TARIFAS Y BENEFICIOS

Por el momento, hasta septiembre de 2016 las tarifas funerarias subirán un 1,8% a propuesta de Funespaña, que, de acuerdo con Sánchez Mato, invirtió en su día 1,2 millones de euros a través de una ampliación de capital y ha cosechado un rendimiento de 64 millones desde 1993.

Estos beneficios los ha obtenido gracias a que se llevaba el 20% de los ingresos antes de impuestos y el 49% después de impuestos acorde con su participación en la empresa mixta: una rentabilidad “espectacular” del 200,8% que es la que el Gobierno municipal pretende ahorrar para sus arcas con la municipalización, dijo el concejal.

Sánchez Mato y la secretaria general técnica del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, Inmaculada Garcia Ibañez, subrayaron que, según los estatutos de la empresa mixta, los activos y los pasivos de la misma han de revertir en el Consistorio cuando aquélla se extinga, por lo que Funespaña no tendría nada que reclamar.

El delegado de Economía y Hacienda sí dijo haber detectado un “déficit de inversiones” en la empresa, que no cuantificó, por lo que el Ayuntamiento tendría que subsanarlo al asumir la gestión del servicio. Por lo demás, trasladó “toda la tranquilidad” a los 530 trabajadores de la empresa, porque sus contratos serán subrogados.