Todos los departamentos y funcionarios del tribunal ya ocupan las nuevas oficinas desde el pasado mes de julio y únicamente quedó para septiembre el traslado de los magistrados. Se han ido escalinadamente y el último es el que dirige Moreno que está de guardia, con el objetivo de no obstaculizar su labor.

La operación se ha realizado por fases. Durante el verano ya se trasladó la Fiscalía, cuyos miembros han estado diseminados desde hace tres años en dos sedes diferentes por falta de espacio en la calle Prim; la Sala de lo Penal, que consta de cuatro secciones, y Ejecutorias. También han cambiado de sede los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y el de Menores.

La mudanza de la Audiencia Nacional comenzó en el mes de julio bajo la responsabilidad personalizada de cada uno de sus funcionarios, que han sido los encargados de preparar y controlar el traslado de sus expedientes y documentación a la nueva sede de este órgano judicial, una vez concluidas las obras de su sede de la calle Génova de Madrid.

La idea era que cada uno se responsabilizara de la clasificación, empaquetado y vigilancia del proceso para que no se produjera ningún incidente o pérdida durante el traslado que lleva a cabo una empresa especializada.

27 MILLONES

El presupuesto inicial para la reconstruccion de la sede de la Audiencia era de 14 millones de euros. Con esa cantidad se pretendia restaurar un edificio con las mismas dimensiones del que existía en la calle Génova, que tenía 9.924 metros cuadrados. Por el camino, se decidió aumentar la inversión hasta casi el doble para pasar a una superficie de más de 14.600 metros cuadrados, con la incorporación del espacio del parking de la plaza de la Villa de París y la elevación de la planta de la Audiencia.

El edificio donde estarán alojados los calabozos, la sala de prensa y las salas para la celebración de juicios está en la recta final de las obras de construcción. La pretensión es que el edificio se inaugure antes de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, firme el decreto de disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones generales.

A ese acto inaugural asistiría el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pero sólo lo podrá hacer si se celebra antes la fecha límite que marca la Ley Electoral que impide a los cargos públicos participar en ceremonias de esta naturaleza antes de las citas electorales para evitar que se conviertan en publicidad electoral.

La Ley de Régimen Electoral General (Loreg) es clara a la hora de acotar los plazos que limitan estos actos. Desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración se prohíbe cualquier acto “organizado o financiado (…) que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos”. El apartado tercero del artículo 50 de esa norma insiste en que en este periodo no se podrán inaugurar obras o servicios públicos. Los proyectos sí pueden entrar en funcionamiento, aunque sin publicidad.

IMÁGENES HISTÓRICAS

El emblemático edificio de la calle Génova fue testigo de imágenes históricas como la entrada del policía José Amedo para declarar sobre la `guerra sucia´ contra ETA o la salida del juez más mediático de la democracia, Baltasar Garzón, cuando fue expulsado de la carrera judicial.

Durante este tiempo casi todos los juicios se han celebrado en la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares. La previsión es que muchos de ellos vuelvan a celebrarse en la calle Génova, donde sólo hay prevista una sala preparada para acoger macrojuicios como los que se avecinan sobre los casos `Gürtel´, `Polverino´ o `Púnica´.

La vuelta de la Audiencia Nacional a su sede supondrá también un ahorro para las arcas públicas. En su día el Ministerio de Justicia cifró en 2,5 millones de euros lo que se ahorrará al año en alquiler de las distintas sedes de la Audiencia .