De esta forma, Amnistía pretendió que quienes acudieran al acto conocieran en primera persona las consecuencias de un desalojo y quiso denunciar que el derecho a una vivienda “sigue desprotegido en España”, en vísperas de que este lunes, 5 de octubre, se celebre el Día Mundial del Hábitat.

En su informe ‘Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y las ejecuciones hipotecarias en España’, Amnistía Internacional afirma que la vivienda es “un derecho hipotecado” en España, ya que, pese a las cerca de 600.000 ejecuciones hipotecarias realizadas desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes que no han protegido la vivienda como un derecho humano y cuyo alcance ha sido “muy restrictivo” porque ha beneficiado únicamente a 31.500 familias.

Además, apunta que las autoridades han “invisibilizado” la gravedad de la situación al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por los desahucios ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el de género.

Por otro lado, Amnistía Internacional señala en el informe que, en un momento de crisis económica, cuando las personas necesitan de mayor protección, las autoridades han adoptado medidas regresivas injustificadas y contrarias al derecho internacional, como la reducción del gasto público en vivienda en más del 50% entre 2008 y 2015.

La organización recuerda que, según el derecho internacional, las autoridades tienen la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las personas, especialmente de las que están en situación de mayor vulnerabilidad.

POCA VIVIENDA SOCIAL

Sin embargo, España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la UE (1,1%), sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%).

De hecho, Amnistía subraya que, en lugar de hace frente a esta alarmante cifra, las autoridades de dos de las comunidades autónomas donde existen más desalojos y viviendas vacías, como Cataluña y, sobre todo, la Comunidad de Madrid, han vendido vivienda social obviando así sus obligaciones en materia del acceso a la vivienda.

Además, indica que en un país con más de tres millones de viviendas vacías, lo que supone cerca de un 30% de las que hay en Europa, las autoridades catalanas y madrileñas, así como el Gobierno español, no han intensificado su uso, tal y como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada.

Por ello, Amnistía Internacional reclama que se paralicen todos los desahucios hipotecarios en España hasta que no se adopten garantías de protección, como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces analicen caso por caso la razonabilidad y la proporcionalidad de un desalojo, y un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas en el que las autoridades exijan a aquéllas que el desalojo sea la última alternativa.