Por eso, en rueda de prensa defendió la campaña de Ceapa para que las familias presenten un documento base con una argumentación legal acompañado de los tickets de compra a los centros educativos, a fin de exigirles a estos la devolución del importe gastado.

Según Salido, el ministerio de Educación “acaba de darnos la razón” en este sentido, pues hace dos meses “planteamos una pregunta parlamentaria sobre la base legal” que obliga a las familias a adquirir los libros que indique el centro, y ahora nos ha respondido que son las comunidades autónomas” las que deben proporcionar todos los materiales precisos que exija la prestación del servicio.

“Hay familias que ya han empezado a reclamar”, aunque “lamentablemente todavía resulta muy difícil que un padre se decida a acudir con estas demanadasdemandas a su centro”, dijo.

La Constitución y las distintas leyes educativas garantizan la gratuidad de la enseñanza en las etapas obligatorias, recalcó, pero este precepto se incumple de forma reiterada por parte de todos.

Salido lamentó además el desembolso que la implantación de la Lomce ha obligado a realizar a muchas familias, pues esta ley ha supuesto que manuales con un año de antigüedad dejen ser útiles.

“Nosotros nos preguntamos” si que un capítulo pase de la página 40 a la 57, si dividir el contenido de un libro en dos cuadernillos o si modificar el ISBN implica tantas diferencias como para implicar un cambio de manual, destacó Salido.

Las ayudas que reciben las familias por los libros de texto varían de forma sustancial entre comunidades autónomas. Solo Andalucía ofrece manuales gratuitos, mientras que País Vasco y Navarra tienen sistemas de préstamo para todos los estudiantes y, según Ceapa, esta última es donde más se apuesta por la reutilización.

A juicio de José Luis Pazos, portavoz de Ceapa, “el negocio de los libros de texto está basado en mantener una herramienta obsoleta para nuestros hijos y sobrevivir a costa de vaciarnos el bolsillo a las familias y a las administraciones cada septiembre”.

“No es de extrañar que las editoriales estén encantadas con la Lomce y con que se destinen 51 millones de euros en ayudas para financiar los nuevos manuales”.

“Han llegado a amenazar a aquellas comunidades reacias a aplicar los nuevos currículos”, y destacó “la desorganización” que la aplicación apresurada de estos nuevos temarios ha supuesto de cara al inicio del curso escolar.