El decreto modifica otro de abril de 2012 por el que la entonces delegada de Hacienda y Administración Pública, Concepción Dancausa, estableció esta ponderación de la oferta económica dentro de las medidas aprobadas entonces para la contención del gasto.

No obstante, el decreto subraya que el precio será uno de los factores que se tendrán en cuenta para la adjudicación de los contratos, y, de hecho, fija en el 75% el peso que se otorgará a los criterios objetivos, cuantificables, uno de los cuales es la oferta económica.

Dentro de esos criterios objetivos, y en la línea con lo establecido por una directiva europea de febrero de 2014, se tendrán en cuenta también criterios sociales, medioambientales, de innovación y de accesibilidad, porque "resulta necesario un tratamiento más alejado del mercado" en la gestión de los servicios públicos, que "deben ser prestados desde una estricta perspectiva de calidad".

Así, aunque el precio siga siendo un factor a tener en cuenta, lo será dentro del concepto menos restringido de "calidad-precio"