Durante un encuentro celebrado entre ambos, Soria trasladó al presidente manchego la "necesidad" de construir el ATC pese a la negativa del nuevo gobierno de la Junta, que ha cambiado de opinión respecto a lo que había mantenido la comunidad durante la última legislatura.

Soria avisó a Page que, si no se construye el almacén de residuos nucleares, cada central tendrá que construir su propio almacén, con la consiguiente dispersión de estos almacenes por el territorio nacional.

Además, apuntó que se daría la "paradoja" de que Castilla-La Mancha mantendría entonces dos almacenes individuales al contar con dos centrales nucleares dentro su territorio.

El ministro de Industria destacó que el almacén permitirá cubrir las necesidades de almacenamiento del combustible generado por las centrales nucleares españolas, que producen del orden del 22% de la electricidad.

El proyecto del ATC supone 1.000 millones de euros de inversión, lo que cree que dinamizará la economía de la comarca. Asimismo, está previsto que genere alrededor de 400 puestos de trabajo durante su construcción y de 100 durante su explotación.

LARGO PROCESO

El ministro recordó que en diciembre de 2004 todos los grupos políticos votaron a favor de una resolución por la que se insta al Gobierno a la construcción de un ATC. Posteriormente, en septiembre de 2010, una Comisión Interministerial constituida por el anterior Gobierno del PSOE, identificó hasta ocho posibles emplazamientos aptos para albergar esta instalación, entre los municipios que presentaron su candidatura.

El actual Gobierno, a comienzos de esta legislatura, seleccionó, el municipio de Villar de Cañas, de acuerdo con la Junta de Castilla la Mancha.

Una vez seleccionado el emplazamiento, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) como responsable del proyecto, procedió a la compra de los terrenos para albergar la instalación y comenzó el proceso de autorización que establece la normativa. En este sentido, el pasado mes de julio, el Consejo de Seguridad Nuclear emitió un informe vinculante favorable sobre la idoneidad de los terrenos desde el punto de vista de la seguridad.

Acto seguido, la Junta de Castilla-La Mancha acordó iniciar el procedimiento para ampliar la actual Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna Hito, de manera que el emplazamiento del ATC quedaría ahora afectado por dicho espacio protegido.

Esta decisión del Gobierno de Castilla la Mancha impide conceder autorización alguna relacionada con el ATC, ya que establece un régimen preventivo de protección hasta la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del territorio.